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congreso virtual 2604Proponen castigo a pederastas y que no prescriba acción penal, y que se persigan de oficio las agresiones a médicos y enfermeras

 

 

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y debido al proceso de renovación por las vacantes existentes de los Consejeros Electorales, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez propuso una reforma al Código Electoral del Estado, para que se retrase el inicio del proceso electoral, hasta la segunda semana del mes de diciembre del año previo a la elección.

Derivado a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y ante la necesidad de proteger y salvaguardar la salud de la población, el diputado propuso esta iniciativa en la sesión virtual celebrada este miércoles, para que se postergue el inicio del proceso electoral local 2021, con lo que se protege la salud de la población, se ponen a salvo los derechos político-electorales y se previenen posibles irregularidades en la contienda.

Argumenta que es obligación del Estado, cumplir el derecho a la protección de la salud y el político-electoral, buscando la coexistencia de ambos derechos, ajustándolos a criterios de prevalencia temporal en un contexto de plena observancia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad rectores de los derechos humanos.

“Al retrasar el inicio del proceso electoral, hasta por 90 días naturales, habilita para que el supuesto del artículo 105 fracción II de la Constitución General de la República, sea debidamente garantizado y respetado por esta soberanía”.

Sostuvo que el Instituto Nacional Electoral y el local, cuentan con la facultad para ajustar los plazos legales consagrados en la Ley, por lo que existe el sustento legal para retrasar el inicio del proceso electoral y con ello, recalendarizar los tiempos y plazos en las elecciones locales del 2021.

Esta reforma al primer párrafo del artículo 182 del Código Electoral del Estado, explicó que es para que el proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, de inicio en la segunda semana del mes de diciembre –y no en septiembre-, del año previo al de la elección y concluye con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso.

Recordó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejerciendo su facultad de atracción aprobó suspender los procesos electorales locales 2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo con motivo del problema sanitario mundial del Covid-19.

Por lo anterior, Antonio Soto puntualizó que es deber de todos aportar a la integridad y salud de las personas, por lo que en Michoacán se debe actuar con responsabilidad, más cuando no existe certeza sobre cuándo podrá contenerse esta crisis sanitaria.

Además expuso que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, se encuentran en proceso de renovación por vacantes de Consejeros Electorales, por vencimiento de periodo, que merecen reestructuración; el primero que es responsabilidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, el segundo, cuyos nombramientos recaen en el propio Instituto Nacional Electoral, ambos procesos, recordó, se encuentran suspendidos, ante el problema sanitario que se vive, por lo que desde el Congreso del Estado se debe otorgar certidumbre y legislar al respecto.

Proponen castigo a pederastas y que no prescriba acción penal

En Michoacán el Código Penal del Estado no puede seguir consintiendo las agresiones sexuales contra las niñas y los niños, por ello, el diputado Ángel Custodio Virrueta García propone incorporar el delito de pederastia y que se castigue con 10 a 30 años de cárcel y que la acción penal no prescriba.

Al presentar la iniciativa este día, recordó que nuestro país ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), por lo que se debe contar con una legislación fortalecida que castigue a los pederastas.

Tras recalcar que desde todas las trincheras se deben cerrar filas con el fin de combatir y erradicar el delito de pederastia, manifestó su confianza porque la iniciativa presentada para incorporar el delito de pederastia en el Código Penal de Michoacán, pueda prosperar a la brevedad, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

Recordó que hace unos meses, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, para que se establezcan en los ordenamientos penales el delito de pederastia y su no prescripción.

El delito de pederastia se encuentra tipificado en varios códigos penales de los estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz siendo este último pionero en legislar en dicha materia, sin embargo en diversos estados aún no lo han tipificado, como son Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, estando comprendidas las conductas sexuales con menores de edad, dentro de otros tipos penales, con penalidades bajas y que en su mayoría de los casos no son considerados delitos graves, por lo que el agresor puede seguir el proceso en libertad, con la amenaza que eso representa para las víctimas.

“Tal es el caso de Michoacán, pues nuestro Código Penal vigente no contempla el tipo penal de pederastia, contemplando en otros tipos penales las conductas sexuales de los menores como abuso sexual con pena de dos a cinco años, hostigamiento y acoso sexual de uno a cuatro años y estupro de seis meses a cuatro años”.

Para subsanar el vacío legal que existe, Ángel Custodio Virrueta propone incorporar el tipo penal de pederastia en el Código Penal del Estado, y se sancione con pena de 10 a 30 años de prisión y de 650 a 3 mil 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Aunado a las penas, establece la obligación del Estado para garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad requerida, para la víctima y especifican las agravantes respectivas para el caso de que dicho delito sea cometido con violencia física o psicológica, o para el caso de que el agente activo sea funcionario público.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena correspondiente será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por el término establecido. También se propone sanción al servidor público que encubra al responsable del delito de pederastia y que no prescriba el delito.

Proponen que se persigan de oficio las agresiones a médicos y enfermeras

En los últimos siete años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado 7 mil 214 ataques a médicos en hospitales, muchos de los cuales no fueron castigados debido a que los agraviados no presentaron denuncia.

Para evitar que queden impunes las agresiones a trabajadores de la salud, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla presentó en sesión virtual del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para que este delito, que se sanciona hasta con seis años de prisión, se persiga de oficio; es decir, el Ministerio Público le podrá dar seguimiento aunque no exista denuncia de parte de la persona afectada.

Durante la emergencia sanitaria la Secretaría de Gobernación ha registrado más de 50 agresiones a personal médico, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, y mencionó que estos actos subrayan la necesidad de que la impunidad no siga siendo un factor que aliente los ataques a profesionales y trabajadores del sector salud, tanto en instituciones públicas como privadas.

Subrayó que la mayoría de estas agresiones se quedan sin sancionar, ya que los trabajadores de la salud prefieren no denunciar por temor a represalias, y porque lo demandante de su labor les impide a veces dedicar tiempo para acudir al Ministerio Público.

Alfredo Ramírez recordó que el pasado 05 de mayo se aprobó una reforma al Artículo 180 del Código Penal de Michoacán para considerar como agravante del delito de discriminación las agresiones a profesionales y trabajadores del sector salud durante una emergencia sanitaria; sin embargo, dijo que su propuesta es que se persiga de oficio de manera permanente, no sólo en coyuntura de contingencia.

Congreso mantendrá respeto a contingencia

El Congreso de Michoacán seguirá operando con personal mínimo en respuesta a la contingencia que desató el coronavirus, informó el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura, Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien puntualizó que sobre el transcurso de junio, se valorará si el estatus de la pandemia permite retomar actividades normales en el Poder Legislativo.

“El Congreso del Estado continuará laborando con el personal mínimo indispensable, para ajustarnos a los lineamientos sanitarios que demanda la presente pandemia; sin embargo, al pasar el mes de junio, valoraremos si el avance de mitigación del coronavirus nos permite regularizar nuestras actividades”, precisó el diputado Toño Madriz.

Como representante legal del Congreso local, puntualizó que las áreas que no han suspendido ni suspenderán actividades son: la Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Finanzas, Atención y Gestión Ciudadana, Comunicación Social y Oficialía de Partes.

No obstante, Toño Madriz recalcó que, si el estatus de la pandemia o las condiciones sanitarias que deriven de la misma, comienzan a neutralizarse, el Congreso valorará la posibilidad de regularizar su funcionamiento.

En tanto, celebró que el Congreso siga agotando vías para dar seguimiento a sus obligaciones, lo cual se ha visto reflejado en las sesiones y reuniones virtuales, que los integrantes de la LXXIV Legislatura han desahogado para seguir legislando en pro del desarrollo de Michoacán.

Proponen mayores apoyos a ejidos, organizaciones y cooperativas indígenas

Con el objetivo de establecer mecanismos desde la Ley de Desarrollo Económico del Estado en beneficio de la población indígena, la diputada Araceli Saucedo Reyes propuso una iniciativa de reforma, para que se les otorguen apoyos gubernamentales que contribuyan a que mejoren sus condiciones de vida.

Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local propuso la iniciativa por la que se adiciona el capítulo décimo “De la Economía Social y Solidaria” de la Ley de Desarrollo Económico del Estado, en la que se establecen que ejidos, comunidades, y cooperativas sean parte de los esquemas de apoyo.

El Sector Social de la Economía dijo que, funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

Por ello, plantea que se reconocerá el carácter del Sector Social de la Economía a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro.

Además, Araceli Saucedo propone que el Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social: ejidos; comunidades; organizaciones de trabajadores; sociedades cooperativas; empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Se establece que la autoridad estatal apoyará e impulsará a este Sector Social Económico bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

En tanto que la dependencia responsable deberá facilitar a los asociados del Sector Social Económico de la economía la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna; así como apoyar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida.

Araceli Saucedo dijo que, como parte de la política estatal de Desarrollo Económico y Social, la dependencia estatal responsable implementará las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del Estado, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del Sector.

Además de promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector, a través de la capacitación y asistencia técnica especializada.

Así también se tendrá que crear un programa de Fomento a la Economía Social; así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión del mismo y la participación en esquemas de financiamiento social.

Con dicha propuesta se busca proteger el empleo y el ingreso de los que menos tienen y que ello sea herramienta clave en el impulso de las políticas públicas desde lo local, apostando a la recuperación económica.

Legislan para proteger a la mujer

Para brindar las condiciones adecuadas para que las mujeres víctimas de violencia puedan asistir a las instituciones correspondientes a denunciar y mantenerse a salvo, sin tener afectaciones laborales por los tiempos requeridos, el diputado por el PAN, Oscar Escobar Ledesma, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

El legislador señaló que lamentablemente en muchos centros laborales no existe sensibilidad para que las mujeres que sufren violencia intrafamiliar obtengan un permiso para dar seguimiento a las denuncias o juicios, por lo que es necesario tener un respaldo jurídico.

"La propuesta de esta iniciativa es con la finalidad de que las mujeres que sean víctimas de violencia, puedan gozar de un permiso con goce de sueldo hasta por quince días, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales, no le permita o ponga en riesgo su seguridad e integridad personal, siempre que entregue la denuncia u orden de protección emitida por la autoridad correspondiente, y así pueda atender los trámites legales".

Detalló que durante el confinamiento por la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, se registró un incremento en las llamadas de emergencia a nivel nacional. En el mes de marzo se contabilizaron 26 mil 171 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, según datos registrados en los sistemas estatales del número 911 y compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo que urgió reformar también la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Escobar Ledesma explicó que es necesario reforzar la protección a las mujeres que sufren violencia en el hogar en tiempos de pandemia, por lo que también presentó una propuesta para que puedan recibir atención integral a través de un servicio abierto las 24 horas, que brinde información, recepción y respuesta ante emergencias.

"Para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, se establece implementar un servicio esencial para la asistencia integral, a través de la que se dará asistencia psicológica, jurídica y social de manera no presencial a través de mensajería instantánea de ser posible con geolocalización o a través de medio telefónico, esto dentro del tiempo de pandemias o epidemias que impidan salir del domicilio a las mujeres".

Proponen condecoración Mérito Migrante

Para reconocer el esfuerzo y las aportaciones que hacen nuestros migrantes michoacanos a la entidad, la diputada Lucila Martínez Manríquez propuso que en Michoacán cada 13 de diciembre se entregue la condecoración “Mérito Migrante” a una persona, institución o asociación que se haya distinguido por su labor.

Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local presentó la propuesta de acuerdo, por el que se instituye la Condecoración “Mérito Migrante”, la cual fue turnada a comisiones para su estudio, análisis y dictaminación.

Hizo mención que gran parte de la economía de nuestro estado depende de las remesas enviadas por los casi 4.5 millones de michoacanos que residen en el vecino país del norte, por lo que es necesario reconocer su esfuerzo y aporte en la transformación económica, social y cultural de Michoacán.

Convocó a los integrantes de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado a reconocer el esfuerzo y las aportaciones que hacen nuestros migrantes michoacanos, y respaldar esta propuesta.

“La entrega de este tipo de reconocimientos, es un acto de justicia social, es algo que les debemos a los migrantes michoacanos quienes con su trabajo enaltecen la imagen de los michoacanos en el extranjero; quienes promueven el trabajo, el desarrollo personal y profesional, o que defienden los derechos de los connacionales que residen en los Estados Unidos de Norte América”.

Lucila Martínez expuso que los migrantes nos han enseñado a pesar de haber sufrido en su mayoría, los estragos del tránsito, del idioma, del desempleo, del bajo salario y la discriminación, se pueden potencializar los talentos más allá de las fronteras, es por ello que vale la pena reconocer el talento y trabajo de quienes han puesto en alto el nombre de los mexicanos, y especialmente de los michoacanos.

“Este tipo de eventos representan una oportunidad para trabajar de manera coordinada como poder legislativo, con las organizaciones migrantes y así poder atender de mejor manera la problemática, las necesidades y los asuntos pendientes de los connacionales”.

En la propuesta, la legisladora establece que dicha Condecoración será entregada en Sesión Solemne del Congreso del Estado, previa publicación de la convocatoria, a la cual serán invitados de honor los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de la entidad o representantes.

Lucila Martínez establece en su iniciativa que la Condecoración consistirá en una medalla circular de plata, bañada en oro, de 18 quilates, de 5 centímetros de diámetro y 5 milímetros de espesor, en cuyo anverso estará grabado el escudo del Congreso del Estado, así como el nombre de quien haya de recibirla, fecha en que se entrega y la leyenda “Mérito Migrante”, montada en base de madera.

De aprobarse dicha propuesta será la Comisión de Migración de este Poder la que emitirá convocatoria pública para seleccionar a la mujer, hombre, institución o asociación migrante con el perfil idóneo para recibir la Condecoración “Mérito Migrante”.

Cuerpos policiacos no deben distraerse de labores de seguridad

Dado que ni la pandemia sanitaria, logró contener los altos índices de violencia en la entidad, es necesario que el Estado no distraiga a los cuerpos policiacos en la repartición de despensas para las familias más vulnerables y sean servidores públicos de otra índole, quienes acudan a los hogares a entregar la ayuda alimentaria, demandó el Diputado Independiente, Javier Paredes Andrade.

El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXIV Legislatura, analizó que tanto la alimentación, como la seguridad son derechos fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución y los uniformados no deben distraerse en actividades sociales, derivado que su función primordial en garantizar la seguridad de los michoacanos.

Paredes Andrade, mencionó que las últimas estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dadas a conocer ante los medios de comunicación, indicaban que el 70 por ciento de los 113 municipios en el Estado, no contaba con el mínimo de policías requeridos, situación que provocaba una debilidad institucional.

“Los uniformados no deben distraerse en la labor social de repartir las despensas, mientras la inseguridad en Michoacán incrementa, es necesario que enfoquen sus labores a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y a mantener el orden”, recalcó.

El Legislador Michoacano, lanzó un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo, para que en uso de sus facultades, asigné las labores de repartición de las despensas a servidores públicos de otra índole y no a los cuerpos policiacos, que no se dan abasto con las llamadas de emergencia por asalto o incluso por el incremento en la violencia contra la mujer, por el confinamiento en el hogar.

Proponen facultar a autoridades locales para que incluyan en su presupuesto de egresos una partida para apoyar las unidades de riego

La diputada Teresa Mora Covarrubias, presentó una iniciativa que contiene diversas adiciones y reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de impulsar las unidades de riego del afluente del Río Duero y todos los afluentes que hay en el Estado de Michoacán.

La legisladora local del Partido del Trabajo (PT), señaló que con esta iniciativa se pretende facultar expresamente a las autoridades de los municipios para incluir en su presupuesto de egresos una partida para apoyar las unidades de riego y su mantenimiento.

“Con el fin de impulsar el desarrollo del campo, la Ley de Aguas Nacionales, contempla actividades para acreditar, promover y apoyar a las organizaciones de usuarios, entre los que se encuentran los productores rurales, que se podrán asociar entre sí libremente para constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas que permitan proporcionar servicios de riego agrícola a diversos usuarios”, agregó.

En su exposición de motivos, la diputada petista indicó que durante muchos años se ha padecido la crisis en la que se encuentra el campo michoacano, en gran medida dijo, por falta de incentivos a la producción e indiferencia para el mejoramiento de semillas, labor para la cual el gobierno otorga un presupuesto cada vez más insuficiente, al mismo tiempo que abre la puerta para que organismos internacionales y empresas privadas busquen controlar los recursos hidrológicos de Michoacán.

“Estimamos que la autoridad municipal, puede convertirse en factor de transformación de esta situación y apoyar para que el campo trabaje de manera excelente, a través de otorgarle facultades expresas para que procure un presupuesto de egresos con una partida destinada a apoyar las unidades de riego y su mantenimiento”, añadió.

La legisladora por el distrito 06 de Zamora, aseguró que, con la participación del municipio, es posible la coordinación con autoridades federales y estatales, que inciden en el sector para la modernización de los regadíos, como forma de ser más eficientes y sostenibles en el uso del agua y la energía, que trabajará paralelamente con la depuración de aguas residuales e impulsar su uso como agua regenerada en los riegos de cultivos.

 

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