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carlos a monjeAuditoría Forense: ¿rendición de cuentas o impunidad?

 

“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”… Pablo Neruda (1904 – 1973) Poeta chileno.

 

Finalmente la empresa PFK entregó los resultados de lo que debió ser una Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar del gobierno de Michoacán, que confirmó una lamentable práctica en el manejo del erario conocida como “La Licuadora”.

La investigación que comprende los años 2003 al 2014, arrojó el hallazgo de presuntas irregularidades en más de 89 mil millones de pesos, pero que ahora, para que realmente tenga utilidad, los poderes Legislativo y Ejecutivo deberán culminar el trabajo para poder presentar las denuncias correspondientes, o bien, como considero que sucederá, intentar darle carpetazo final y seguir honrando la impunidad que caracteriza a Michoacán.

No pasará nada, porque la mayoría de la clase política estatal vigente está vinculada al ejercicio, aprobación y/o fiscalización de los recursos públicos observados. Los presuntos corresponsables de tan lamentable práctica involucra no solo a ex funcionarios estatales, sino a integrantes de cuando menos 4 legislaturas, desde la era Lázaro Cárdenas Batel y pasando por las de Leonel Godoy Rangel y el rompecabezas que resultó la administración de Fausto Vallejo Figueroa.

Peor aún, una buena parte de los presuntos implicados, engrosan las filas de Morena, otros se mantienen con el PRI, PAN, PRD y PVEM, partidos que participaron directamente en la aprobación de cuanto crédito les solicitó el Ejecutivo en turno y que autorizaron como un cheque al portador, así que difícilmente puede haber rendición de cuentas, cuando los involucrados, ya sea en la oposición o en algún nivel de gobierno, pero siguen vigentes.

Por lo pronto, vale la pena que usted conozca algunas de las conclusiones a las que llegó la empresa PFK, en un informe que ya entregó a los poderes Legislativo y Ejecutivo:

  • Primero, reconoce que no se realizó un trabajo de perito contable como lo ordenó el Congreso de Michoacán y que hubiera facilitado la integración de las denuncias pertinentes.
  • Confirma que con la contratación de 181créditos con nueve instituciones bancarias, el Estado no generó cuentas exclusivas para el destino de dichos recursos y optó por mezclarlo, en una práctica que se identificó como “La Licuadora”.
  • En 2011 y 2012 se abonaron créditos de Mediano Plazo por casi 8 mil millones de pesos, pese a que la legislación vigente considera los créditos sólo de corto y largo plazo.
  • Más de 62 mil millones de pesos de créditos de corto plazo contratados entre 2003 y 2011 no fueron registrados en la cuenta “Cargos por Aplicar” o en la de “Créditos Bancarios”, como debía ser, sino en la de “Acredores Diversos”, lo que violenta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la de Presupuesto.
  • PFK reportó 2 créditos que no fueron autorizados por el Congreso local, uno con fecha 11 de diciembre del 2011 con Interacciones por mil 450 millones de pesos y otro contratado 4 días después con Afirme, por mil 100 millones de pesos.
  • Establece además que casi 12 mil millones de pesos se utilizaron en el pago de servicios personales, materiales y suministros, así como para pagar deuda, lo que violentó la Constitución.
  • El Gobierno pagó por Servicio de Deuda entre 2010 y 2013, montos superiores al límite establecido en la Ley Estatal de Deuda Pública que señala que no puede ser superior al 2.5 por ciento del Presupuesto de Egresos del estado. Es decir, no más de 5 mil 241 millones y se pagaron 13 mil 275 millones de pesos.
  • PFK desglosó en cifras presuntas violaciones a la Constitución y a leyes estatales, que cometieron los gobiernos que solicitaron 23 mil 983 millones de pesos en créditos y los legisladores que así lo autorizaron, entre 2003 y 2014.

Con semejantes hallazgos parece inevitable concluir que hacer justicia se antoja bastante sencillo y que depende más de que las autoridades quieran realmente acabar con la impunidad; por lo que resulta incomprensible que a la fecha, ni se haya recuperado recurso alguno, ni haya decenas de ex funcionarios en la cárcel.

En fin, insisto en que no pasará nada, y conste que soy el primero que desea estar equivocado. ¿Usted qué opina?

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

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