No ha aceptado pago de liquidación que ofrece el Congreso porque pretende realizarlo en pequeñas cantidades y restarle salarios caídos y antigüedad
La extrabajadora del Congreso del Estado, Karina Campos Vargas, afirmó que el amparo que tramitó el representante legal del parlamento Juan Miguel Abraham Martínez para impedir el embargo del recinto Legislativo es “una artimaña más” de “las varias acciones” que ha emprendido en su contra el jurista.
La demandante que acusó al congreso local de despedirla tras nueve años de desempeñarse como Secretaría Técnica por estar embarazada y ahora exige su liquidación y el pago retroactivo de cuatro años que emprendió el proceso jurídico, tras ser despedida el 30 de enero del 2013.
Campos Vargas, explicó que no ha aceptado el pago de su liquidación que ofrece el Congreso del Estado, por un total de 650 mil pesos, porque el Legislativo pretende realizarlo en pequeñas cantidades y además restarle salarios caídos y antigüedad.
“Son 650 mil pesos en abonos chiquitos y que me vaya del Congreso sin liquidación y sin los pagos de estos dos meses de salario, por eso, no porque no se me pueda pagar en pagos, claro que se puede, nada más que todo debe de tener un orden. No te voy a pagar menos de lo que ya tienes ganado, no entiendo por qué tengo que irme sin salarios y sin antigüedad”, manifestó.
Informó que desde hace tiempo ha solicitado audiencia con el presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Pascual Sigala y Adriana Hernández, respectivamente, pero en ninguno de los dos casos tuvo una respuesta.
Campos Vargas, precisó que tras el resolutivo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tuvo que ser reinstalada en su puesto conforme a derecho, pero inmediatamente el responsable legal del parlamento la volvió a despedir.
Se llevó a cabo una reinstalación conforme a derecho, se levantó un acta, donde se le iba a pagar en las condiciones en las que se encontraba anteriormente como secretaria técnica, con escritorio, computadora, todo el equipo de trabajo normal, pero a los dos días el licenciado Juan Miguel Abraham Martínez fue y me retiró el equipo y me dijo que estaba despedida.
La reinstalación es derivada del laudo, se ordena el pago de los salarios caídos de más de cuatro años y la reinstalación con prestaciones de ley.
Sigo trabajando como secretaria técnica, estoy haciendo investigaciones que se me piden.
Si ellos hacen un ofrecimiento, todo depende del ofrecimiento que haga el representante legal del Congreso y de ahí se deriva el embargo o no de las propiedades
Llevaba casi 9 años, recupera la antigüedad con el juicio, lleva ya 13 años.
Asegura que la despidieron por estar embarazada, en la etapa probatoria no se dilucidó que tuviera otra plaza.
El laudo se dictó el 16 de mayo, con el anterior presidente. Niega conflicto de intereses
Ha sufrido acoso, al día siguiente de la reinstalación el licenciado le quitó instrumentos de trabajo, le dijo que la tenía que despedir, la insultaba, hay una denuncia penal contra el abogado por intento de extorsión, él la denunció al igual que a Lunia por ataques al honor, la cual ya quedó archivada.
El embarazo cuando la corrieron el 30 de enero de 2013, tenía dos meses.
