Entrará en operación en enero
El parlamento local aprobó en lo general el dictamen para dar paso al Sistema Estatal Anticorrupción que entrará en operación en enero y con ello los diputados presumen que Michoacán “será otro” al “cerrar la puerta a las tentaciones” a los servidores públicos.
Así lo manifestó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez, al ufanarse de la aprobación de dicho dictamen que se subirá al pleno el próximo miércoles y consideró que este órgano, eliminará los malos manejos del funcionariado.
Incluso vaticinó que esta acción, podrá modificar la imagen de las instituciones y servidores públicos que estarán obligados a cambiar su actuar o de lo contrario tendrán que ser presentados ante la justicia.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza, detalló que dicho órgano entrará en funciones en enero del próximo año, pero desconoció el monto que requerirá para su operación.
“Vale la pena invertir en el combate a la corrupción, en enero estará funcionando el Sistema Estatal a plenitud y funcionará también en su totalidad el Tribunal de Justicia Administrativo con este nuevo comité de la Auditoría”, indicó.
Dicho dictamen aprobado en sesión de Comisiones Unidas, incluye modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutiva, Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la creación de la Unidad de Participación y Vigilancia, que estará integrado por 8 personas, dos legisladores locales y 6 personas de la sociedad civil.
Afirmó que otra de las bondades, será que los casos que se presenten ante el Sistema Estatal Anticorrupción, tendrán que dictaminarse en un plazo no mayor a los 90 días y no como actualmente que no existe un tiempo perentorio.
Sin embargo, los legisladores no incluyeron una fecha específica para remover a José Luis López Salgado, titular de la ASM, que a decir del propio parlamento no ha generado resultado alguno y no tiene expedientes de corrupción, desde el año 2011.
Mientras que la Contraloría del Estado, afirma que tiene en curso 5 expedientes y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un total de 270 casos.