El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndolos en políticos
Benjamín Disreali (1804-1881) Estadista inglés
En aras de romper con la inercia, nefasta inercia que ha caracterizado al gobierno estatal en el manejo de la contratación de deuda bancaria, la administración silvanista está obligada a dar el máximo de transparencia al proceso de licitación para la reestructura y refinanciamiento de siete de los diez y siete mil millones de pesos que adeuda a los bancos.
Contratar deuda para los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel, fue no sólo altamente provechoso en términos de utilidades financieras para los encumbrados funcionarios y diputados que protagonizaron los múltiples episodios en ese sentido, a cual más de leoninos como de injustificados, sino también fue un monumento a la opacidad.
Ni siquiera los diputados que, se suponía, debían “analizar” y aprobar las solicitudes del Ejecutivo para endeudar más y más al estado, eran enterados bien a bien de las condiciones y alcances de cada crédito contratado. En diciembre de 2011, por ejemplo, el gobierno godoyista llegó al cinismo de asegurar que no pretendía contraer más deuda, sino renegociar la existente. Cuentos chinos que nadie se tragó, pero que sirvieron de pretexto a los diputados de ese tiempo para aprobar que el gobierno contratara la friolera de 4,800 millones de pesos de deuda a bancos.
Nunca hubo un crédito que se explicara con lujo de detalle en cuanto a sus condiciones, alcances y destino.
Por eso, hoy el gobierno de Silvano Aureoles no puede seguir esa insana práctica, y está obligado a ser detallista en extremo en su proceso de negociación con bancos interesados en salir al quite para que la administración estatal renegocie mejores condiciones para un cuarenta por ciento de su deuda.
Ha quedado abierta la convocatoria. Cada paso, ella hasta la aplicación de la reestructura, deberá ser informado a la opinión pública: cuántos bancos ganaron la licitación; qué participación tendrá cada uno en la renegociación; qué nuevas condiciones de plazos y tasas obtendrá el gobierno; cuánto dinero ahorrará por ese proceso y en qué lo aplicará son, entre otros aspectos más, los que mínimamente deberán detallarse.
Sólo así, habrá elementos para confiar en que este proceso será diferente y que realmente tiende a buscar aligerar la carga financiera al estado, no a que nadie saque provecho personal, como sucedía en los gobiernos perredistas anteriores. Veremos hasta dónde llega ese compromiso del silvanismo.
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