Si votando se cambiase algo, lo prohibirían
Ken Livingstone (1945-?) Político británico
Al margen de la reglamentación que en cada ciudad o estado se tenga en materia de transporte público, es claro que no hay ninguna razón de peso para impedir que Uber o Cabify, o el que sea, brinde el servicio de taxi, porque no tiene porqué ser una facultad exclusiva de un sector.
La posibilidad de que alguna de esas dos empresas, o las dos, comience a operar en Morelia, desató de inmediato la ira de todas las agrupaciones de transportistas concesionados, que amagaron incluso con impedir, así sea a la fuerza o con uso de la violencia física, que tal posibilidad se materialice.
En sentido estricto, no debe impedirse a Uber ni a nadie prestar el servicio, porque éste no debe ser un monopolio de un sector. De ahí que cada vez que alguien pretende dar un servicio con esas franquicia en otras partes del país, tramita un amparo y lo consigue con relativa facilidad, porque no puede perderse de vista que la Constitución consagra que todos podemos dedicarnos a la actividad que queramos, que nos plazca o que podamos, mientras sea lícita. Y ser taxista es una actividad absolutamente lícita, que no puede ser exclusiva de alguien o de un sector.
¿Que hay que reunir ciertos requisitos?, claro que sí, pero éstos deben ir en función del tema de seguridad, de la garantía de que quien aborda un vehículo para transportarse no sólo se encuentre con uno en las condiciones físicas y mecánicas razonables y que el conductor tenga la capacidad y habilidad para ejercer su labor con propiedad, sino, y sobre todo, que ese pasajero no corre el peligro de ser víctima de un hecho delictivo. Eso es lo que sí debe garantizar el gobierno.
Los transportistas concesionados advierten, como argumentación a su negativa, que en vehículos de Uber ha habido asaltos, violaciones y hasta asesinatos. Eso es cierto, pero lo mismo sucede en los taxis concesionados. En todo caso, el riesgo es el mismo en uno y otro, el riesgo no pasa por la figura jurídica, sino por la falta de responsabilidad de la autoridad, que permite que cualquiera, literalmente cualquiera, conduzca un taxi o un Uber.
Luego entonces, lo que debe hacer gobierno es tener un padrón enteramente confiable, completo y actual, de las personas autorizadas para conducir un taxi, lo mismo que un Uber, su nombre, domicilio, perfil, huellas dactilares. En fin, todos los elementos que permitan reducir el riesgo de que ese conductor utilice su unidad para delinquir.
Como usuarios, lo que se demanda es una buena unidad, un conductor capacitado, tarifa sensata, pero ante todo, seguridad de no ser víctima de un asalto, una violación o hasta de perder la vida. Hoy, en las condiciones del servicio concesionario, no se garantiza nada de eso. En Uber tampoco, cierto, pero por la laxitud gubernamental para tratar el tema de la seguridad en el servicio de taxis en general, al margen de la modalidad.
Como usuarios, no se nos puede obligar a tener por siempre un servicio en pésimas condiciones y peligroso como el que hay hoy en Morelia. Si entra Uber, como debiera entrar, el gobierno debe meter en cintura a ambos, a concesionados y a los conductores particulares que presten el servicio. Así, el usuario saldrá ganando, con más opciones, para elegir entre la mejor, no entre la menos mala.
¿Con qué cara el gremio del transporte quiere impedir la llegada de competencia a Morelia, si el servicio que presta es pésimo y, para colmo, de alto peligro para el usuario? Gobierno debe actuar con sensatez, permitir el ingreso de Uber, obligar a dar un servicio de calidad y seguro a éste y a los transportistas concesionados, y que el usuario decida. Así funciona en sociedades avanzadas. Morelia, obvio, no lo es, pero al menos debemos intentar serlo en materia de transporte.
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