Jamás hubo una guerra buena o una paz mala
Benjamín Franklin (1706-1790). Político e inventor norteamericano
Este lunes, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal transfirió alrededor de cuarenta millones de pesos más a la cuenta de la Universidad Michoacana. Son recursos que forman ya parte del apoyo extra que la administración silvanista está entregando a las alicaídas arcas nicolaitas, sin que en estricto sentido haya ninguna obligación para ello.
Sé que lo políticamente correcto es avalar que los gobiernos federal y estatal apoyen irrestrictamente a la Casa de Hidalgo, pero vale la pena cuestionar si además de políticamente correcto, es también éticamente correcto.
El gobierno estatal ya cumplió al cien por ciento con su obligación de canalizar los recursos presupuestarios correspondientes a este año, lo mismo que el federal. Al iniciar noviembre, ambos niveles gubernamentales quedaron a mano con la universidad. El problema, ya se sabía desde enero, es que con ese recurso a la institución sólo le alcanzaba para diez meses, no para doce. Así que en estricto sentido, y aunque suene duro, lo que la ley obliga a ambos niveles de gobierno, se cumplió. Luego de noviembre, ya no sería problema de éstos si a la universidad le alcanzó o no.
Con la de hoy, van dos transferencias que el gobierno silvanista realiza a la cuenta bancaria nicolaita, fuera de programa o al margen de su obligación presupuestal. Luego entonces, si no estaban contemplados, por ejemplo esos cuarenta millones de este lunes, de algún programa u obra tuvieron que desviarse. Inevitablemente, “algo” dejó de hacerse, algún camino rural, algún sistema de riego, alguna escuela, algo, no sé qué, Finanzas lo sabrá, pero “algo” ya tuvo que esperar para mejor ocasión.
¿Es justo? No estoy seguro. Cierto, con el apoyo adicional, el gobierno y la Rectoría reducirán en algo la presión, la inconformidad y la ingobernabilidad que genera la falta de pagos en la universidad, y que se haya aplazado o de plano cancelado ese camino, esa sistema de riego o esa escuela, no generará ningún aspaviento, porque sus potenciales beneficiarios, seguramente en lo más recóndito del estado, no levantarán la voz: total, siempre han estado en el abandono y la pobreza, qué más da unos años más en esa condición.
El problema de “justicia” se agrava cuando es un hecho que buena parte del dinero para la universidad, no tiene que ver precisamente con la calidad educativa, con la formación de estudiantes, con investigaciones científicas, con mejoramiento de laboratorios. No. Preponderantemente va para pago de bonos absurdos como de “puntualidad” de los empleados, para cubrir las cientos de plazas innecesarias pero que han sido vendidas por el sindicato de empleados, para las canastas de éstos, para que los líderes sindicales sigan gozando de prebendas al por mayor. También, cierto, para salarios ofensivos de los funcionarios de primera nivel de la universidad.
Y lo peor, que no hay siquiera visos de que la universidad pretenda reformarse o cambiar en algo para resolver su problemática financiera.
Planteado así, vuelvo a la pregunta: ¿es justo que el gobierno canalice esos cuarenta millones de pesos para esos conceptos, considerando todo lo que deja de hacerse? Insisto, lo políticamente correcto es dar un sí. A mí, me parece que no. Ahí se la dejo.
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