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miércoles, mayo 14, 2025

TRABALENGUAS

NO A LA CENSURA

Como muchos de los periodistas que ejercemos nuestra profesión en Michoacán, estoy muy preocupado por la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en materia de apología del delito.

El contenido de la propuesta de decreto contiene elementos que considero de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán; plantea eludir el fenómeno delictivo en el estado a través de la censura y la criminalización de la labor de informar sobre los temas de interés público.

De ser aprobada la reforma por la 76 Legislatura, afectará la labor que las y los periodistas realizan en Michoacán en aspectos fundamentales y abre la puerta a la criminalización del ejercicio periodístico.

La adición de la fracción IX al artículo 24 propone incluir como autores o partícipes del delito a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.

Considero que la redacción es ambigua y peligrosa, pues podría ser utilizada para perseguir periodistas que realizan coberturas, generan investigaciones y reportan hechos sobre inseguridad, delincuencia y crimen organizado.

La libertad de expresión está protegida por el Artículo Sexto de la Constitución Política de México, en donde refiere que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Por ello, abrir la puerta a que el Código Penal castigue la “promoción de ideas” que, según la autoridad, incentiven el delito, crea un precedente muy riesgoso: permitiría el uso político del derecho penal para silenciar o intimidar a periodistas bajo el argumento de que su trabajo “favorece la criminalidad”.

Por todo ello, me uno a la exigencia del gremio, a que las y los integrantes del Congreso del Estado, realicen un análisis riguroso y profundo de la iniciativa promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que no se legisle al vapor, y que en los hechos concreten la voluntad que manifiestan en tribuna y en reuniones con el gremio en torno a la defensa y protección al ejercicio periodístico en Michoacán.

En lo personal, estaré pendiente y atento a denunciar cualquier intento, por pequeño que sea, por censurar la libertad de expresión; que no les quede ni la más mínima duda.

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