La propuesta pretende impedir que la violencia y la delincuencia organizada sean enaltecidas en discursos, símbolos o manifestaciones públicas
Con opiniones divididas, el Congreso del Estado dio lectura este miércoles a la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que busca sancionar expresiones que constituyan apología del crimen.
La propuesta pretende impedir que la violencia y la delincuencia organizada sean enaltecidas en discursos, símbolos o manifestaciones públicas.
El legislador Juan Pablo Celis Silva, representante de Morena, manifestó su respaldo absoluto al planteamiento del Ejecutivo estatal, al considerar que toda herramienta que promueva la paz merece apoyo.
En entrevista, aseguró estar de acuerdo con erradicar toda forma de apología de la violencia, sin que ello implique censura a los medios, ni afectaciones a la libertad de prensa.
Sin embargo, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, también de Morena, expresó una postura crítica.
Rechazó la posibilidad de que la propuesta se apruebe por la vía rápida, al considerar que podría derivar en castigos por el solo hecho de pensar distinto.
“La iniciativa habla de penalizar ideas, de tres a seis meses de cárcel y de 80 a 150 UMAs por pensar diferente ¿En qué país estamos? Nos juzgan por opinar distinto”, cuestionó.
Alertó además que la medida podría derivar en censura, incluso por portar una prenda con alguna imagen controvertida, como una flor de marihuana.
Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, afirmó que el documento será sometido al proceso legislativo correspondiente y podría ser ajustado en caso de que vulnere derechos fundamentales.
“No puede haber censura. Hay que tener claridad en qué se entiende como apología del delito. Como jurista penal, considero que solo se incurre en ello cuando se glorifica lo ilícito. Aun así, debe protegerse siempre la libertad de expresión”, declaró.
La iniciativa ha desatado reacciones encontradas dentro de la 76 Legislatura.
Mientras algunos legisladores exigen cautela para evitar que se afecten garantías constitucionales, otros defienden la urgencia de frenar cualquier mensaje que normalice la criminalidad, sobre todo entre los jóvenes.
