Todo hombre tiene su precio: lo que falta es saber cuál es
Joseph Fouché (1758-1820) Político francés
No porque se viera venir, deja de ofender, de avergonzar. Ya se sabía que el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus derivaciones estatales, fueron diseñados para aparentar y simular que el poder público está dispuesto a luchar contra su principal aliada, la corrupción, y que incluso cedía posiciones en esa tarea a la sociedad civil, a los ciudadanos sin partido y sin ligas con el propio poder público.
Pero con todo y ese conocimiento anticipado, no deja de agraviar que a la hora de la hora, se compruebe que la supuesta lucha contra la corrupción es una farsa. Este martes, el pleno del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción decidió echar tierra a la posibilidad de indagar los evidentes y burdos actos de corrupción que rodearon la construcción de la presa Francisco J. Múgica, ejecutada por los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.
Claramente, a los integrantes del comité de marras les dio frío la sola posibilidad de incomodar a Cárdenas y a Godoy, hoy en los cuernos de la luna otra vez, gracias a su traición al perredismo e incorporación a Morena.
El Comité de Participación Ciudadana propuso al pleno seguir la pista de la información de Mexicanos contra la Corrupción, que ha denunciado que funcionarios michoacanos de esos gobiernos habrían participado en triangulaciones bancarias en el principado de Andorra, producto del soborno de Odebrecht para asegurarse la ejecución de la presa. Ni siquiera era abrir una investigación, era primero confirmar la validez de esos informes y, si se justificaba, entonces sí proceder a indagar oficialmente.
Con argucias legaloides, mucho más cercanas a viles pretextos, los integrantes del Comité Coordinador desecharon la sola idea de sospechar contra Cárdenas y Godoy. Sólo el presidente del SEA, y único representante de la ciudadanía ahí, Rafael Villaseñor, votó a favor de la propuesta. En contra, los hicieron los representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Contraloría estatal, de la Auditoría Superior de Michoacán, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Michoacano de Acceso a la Información, el fiscal anticorrupción (lo bueno que vela por la lucha contra la corrupción) y los dos contralores municipales.
Con esa alineación, imposible que gane la ciudadanía: nueve a uno. Ese es el problema, que así está armado el Sistema Anticorrupción y los sistemas estatales: siempre los representantes del poder público serán una aplanadora a la hora de las votaciones, porque en éstas sólo participa, por ley, un representante ciudadano, que presidente y todo, pero no deja de pesar un solo voto.
Vergonzosa manera de comenzar con el pie izquierdo las funciones, ya en el terreno de los hechos, del Sistema Estatal Anticorrupción. Peor no pudo iniciar, generando un manto de impunidad a una obra que es modelo de corrupción, como la presa J. Múgica.
Pero como integrante de la Comisión de Selección de los ciudadanos del propio SEA, no me arrepiento de formar parte de éste, porque sabía sus exiguos alcances y así acepté participar, sabedor de que el poder público está enconchado y se auto protege para garantizarse impunidad, pero esperanzado en que a fuerza de picar piedra, la puerta deberá abrirse. Al menos, ese es el aliento. Veremos.
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