Cuando el 11 de diciembre del 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narcotráfico en la Tierra Caliente de Michoacán, no se dimensionaron los efectos que dejaría al país la intervención de elementos militares en tarea de seguridad, una condición que se oficializará a partir de la creación de la Guardia Nacional.
Informes de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de las garantías individuales, han documentado que entre 2006 y 2012, 96 mil militares participaron en tareas de seguridad nacional, lo que dejó un saldo de cerca de 51 mil civiles detenidos
Los estudios de las ong´s retoman registros del INEGI, que constatan que con el inicio de la guerra calderonista, se rompió una tendencia que había mantenido el país durante dos décadas, en la que la tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente cada año y había llegado a nueve por cada 100 mil habitantes. En 2011, la tasa de homicidios llegó a 24 por esa misma proporción, de tal manera que entre 2007 y 2011 se reportaron 50 homicidios diarios en el país, es decir, un total de 95 mil 646 en cinco años.
Con la creación de la Guardia Nacional es inevitable traer al presente estos datos, más aún que organizaciones no gubernamentales de los estados con mayor incidencia delincuencial en el país -entre los que se encuentra Michoacán- y la ONU, realizan desde el año pasado un estudio de los efectos que tiene todavía esta ofensiva, al considerar que la estrategia de seguridad diseñada por la administración de Andrés Manuel López Obrador mediante la operación de la Guardia Nacional, es simplemente una réplica.
Una de las participantes en este estudio es la presidenta de «Humanas sin Violencia», Circe López Riofrío, quien asegura que información de la CNDH. ha arrojado que la guerra que inició el michoacano, dejó un aumento del 184 por ciento en los índices de agresiones sexuales contra mujeres en los 32 municipios donde después surgieron los grupos de autodefensa, para combatir –de manera paradógica- a los grupos delincuenciales que se activaron desde entonces.
Aunque es conocedor de esta situación, el gobierno de la República mantuvo la inercia de Enrique Peña Nieto y no destinó este año recursos para la implementación de la alerta de género, pese a que el punto más débil en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se encuentra en los ayuntamientos.
De acuerdo a la activista, debido al desconocimiento que impera a nivel municipal de este problema de salud pública y la falta de recursos para que operen las instancias responsables de atender a quienes sufren maltrato, las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia, son simplemente regresadas a su casa luego de obligar al agresor a firmar un convenio, lo que ha generado que de cada siete que denuncian al menos dos sean asesinadas después.
Lamentablemente ni a nivel federal, estatal o municipal se ha logrado hasta el momento diseñar la estrategia adecuada para poner un alto a la violencia contra las mujeres que, de acuerdo al gobernador Silvano Aureoles Conejo, se registra en un 80 por ciento al interior de los hogares.
Y cómo hacerlo, si hasta el momento, ni siquiera el Instituto Nacional de las Mujeres ha fijado una postura de defensa a los derechos de las mexicanas ante la implementación de la guardia nacional y cuando los recursos que se destinan a impulsar proyectos y programas a favor de las mujeres no representan ni el cinco por ciento del presupuesto estatal.
¿Usted qué opina estimado lector?
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