Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español
La Cuarta Transformación, con el aval del Poder Legislativo federal y muy probablemente de la mayoría de los congresos locales, entre ellos el michoacano, está decidida a hacer cera y pabilo de uno de los principios fundamentales de la doctrina de derecho del mundo occidental: el de la presunción de inocencia.
Peligrosamente, avanza en los congresos locales una iniciativa de alcances terroríficos, propia de regímenes dictatoriales: una vez entrada en vigor, un acusado ante la ley, por el solo hecho de ser eso, acusado y validado como tal por el juez, irá a la cárcel, es decir, nadie deberá probarle nada, al contrario, él deberá probar que es inocente, pero aun lográndolo, podrá pasar dos, tres, cuatro años encarcelado.
De manera por demás lastimosa, la 73 Legislatura michoacana se sumó a la ola fascista de la 4T, al aprobar el dictamen de la minuta por la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores.
Había confianza en que si bien ninguna iniciativa lopez obradorista ha encontrado ni encontrará obstáculo alguno ni en el Senado ni en San Lázaro, al menos en los congresos locales esta se topara con la sensatez y la racionalidad de frenarla, pero todo apunta a que no será así y que por el contrario, su aprobación será también mero trámite, como sucedió burdamente este jueves con los diputados michoacanos.
Así, ahora irán a la cárcel a enfrentar desde ella su proceso, los acusados de los siguientes ilícitos: enriquecimiento ilícito; ejercicio abusivo de funciones; uso de programas sociales con fines electorales; delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo); abuso sexual en agravio de menores; violencia sexual en agravio de menores; feminicidio; robo a transporte de carga; robo a casa habitación; desaparición forzada; desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
Ahora, los acusados de esos delios ante un juez y que éste les inicie proceso, irán en automático a la cárcel, a manera de garantía de que no se fugarán. Hasta hoy, para que un acusado quedara en prisión, se requería que el Ministerio Público argumentara sólidamente al juez la necesidad de imponer esa medida cautelar, en lugar de otras menos severas, como arraigo domiciliario, brazalete, etcétera.
Así, estaremos ante una absoluta aberración: el acusado estará en prisión, pero oficialmente seguirá siendo inocente durante su proceso.
O los diputados, en este caso los michoacanos, no advierten la gravedad del tema, o bien es tal el temor que les causa la 4T, que prefieren no correr riesgos de contradecir su visión fascista, en este caso de la justicia.
¿Alguien duda aún del camino directo a la dictadura que hemos tomado en México?
Por cierto, debe resaltarse en todo caso la posición de los diputados locales de la bancada panista, los únicos con la sensatez para votar en contra de la aberración que ayer aprobó el parlamento michoacano. Obviamente su voto en contra no alcanzó para descarrilar la aprobación, pero al menos queda a los diputados azules su dignidad a salvo.
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