La corrupción desmoraliza y es lo peor que le puede pasar a una sociedad:
Adela Cortina (1947-?) Filósofa española
De prosperar el llamado Plan B presidencial, un efecto inmediato sería la obligación para todos los Congresos estatales de recortar con severidad sus presupuestos a partir del próximo año. En el caso michoacano, entre otras cosas cuatrocientos empleados perderían su trabajo.
Si bien es debatible la relevancia nacional que tenga la forma en que se estructuran los poderes locales, dado que perfectamente se estaría en la violación al principio de soberanía de los estados, es evidente que sí hay elementos indignantes de abuso y excesos que justifican una “limpia” en las cámaras de diputados de los estados.
El caso michoacano es alarmante: sólo de base, hay ochocientos empleados. ¿Qué demonios hacen tantos en una dependencia con funciones muy acotadas y concretas? El problema es que el Congreso ha sido visto históricamente como agencia de colocaciones, tanto de diputados como de “influyentes” externos para ubicar a personal con el que hay compromisos de cualquier tipo. Estudios serios establecen que el Congreso michoacano operaría bien, o incluso mejor, con doscientos trabajadores.
Luego vienen las varias plazas de asesores de cada diputado, la mayor parte de los cuales son simples aviadores. Y el caso es que trabajadores de base o de confianza, presionan luego para quedarse al término de la Legislatuara para la cual fueron contratados. Casi siempre lo logran, aunque ya no cumplan ninguna función real.
Y enseguida vienen las innumerables partidas especiales para cada legislador, desde gasolina hasta ayudas sociales (lo que sea que eso signifique), que justifican que además del sueldo nominal, cada uno de aquellos reciba al mes un promedio de medio millón de pesos, sin obligación de comprobar nada. Casi todos los diputados se quedan con ese dinero íntegro.
Es decir, sí le asiste la razón a Claudia Sheinbaum cuando advierte que hay que limitar esos abusos en los congresos estatales. Michoacán es indefendible en ese sentido. Hay plena justificación para amarrarle las manos a los legisladores michoacanos. De aprobarse el Plan B, solo el 0.7 por ciento del presupuesto global del estado iría a los diputados, hoy es más del uno por ciento: de más 1,200 millones de pesos bajaría a alrededor de 700.
De ahí que todo mundo esté levantando la ceja al conocerse los alcances del Plan B. Veremos hasta dónde llega.
X@jaimelopezmtz
