La lógica es clara y sencilla: la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario
Noam Chomsky (1928-?) Filósofo norteamericano
La operación del Instituto Nacional Electoral se lleva más dinero incluso que el destinado al funcionamiento de los partidos políticos, pero nadie parece preocupado poner el tema sobre la mesa. Con toda la atención puesta en el financiamiento público a los partidos, el INE es como aquel delincuente que para desviar la atención grita en plena calle: ¡al ladrón, al ladrón!
Parece inminente que el financiamiento público a los partidos está comenzado a ver el principio del fin. La tragedia de los sismos de este mes está generando, como un efecto colateral, una revolución política que ya parece irreversible, en el sentido de que la era de sostenimiento inmoral y abusivo de los partidos con recursos fiscales, está llegando a su fin.
En efecto, el mismísimo PRI ha presentado una iniciativa para que a partir de 2018 se termine ese financiamiento y que los partidos, en adelante, le busquen, como puedan, la forma de hacerse de dinero para su sostenimiento. La alianza de PAN y PRD no quiere quedarse atrás y asegura que antes que los priístas, ya había empujado por una reforma en el mismo sentido. Como sea, de quien sea la paternidad de la iniciativa, lo relevante es que parece irreversible, porque no se ve cómo no pueda materializarse, no por la voluntad democrática y austera de los partidos, sino por la presión asfixiante de la sociedad civil.
Y el INE, a través de su presidente Lorenzo Córdova, todavía esta semana aquí en Morelia envió una señal fuera de lugar, desfasada de la realidad: no es conveniente retirar el financiamiento público a los partidos, porque éstos van a irse a buscar el dinero “donde no queremos que lo busquen”, dijo textualmente Córdova, en alusión a que los partidos irían en pos del dinero del crimen organizado si les retiramos las prerrogativas. Ya lo dijimos en la entrega anterior: no podemos dejarnos chantajear por los partidos, si éstos se quedan sin financiamiento público y caen manos de la criminalidad, deberán responder penalmente por ello.
Pero en el fondo, lo que el INE está planteando con esa posición de Córdova, no es la defensa del dinero público a los partidos, sino su propio financiamiento. Y es que es claro que de aprobarse que los partidos ya no reciban un peso más del presupuesto gubernamental, el siguiente paso es obligar al INE a reducir notoriamente su propia estructura, su obesísima estructura burocrática, que implicaría además un ajuste en los súper salarios de consejeros y funcionarios del instituto.
Es decir, el INE no está preocupado por los partidos, sino por sí mismo. Ve el riesgo de que el siguiente paso sea una rasurada completa a su estructura burocrática y salarial. Y, para ser francos, es deseable que así ocurriera. No puede hablarse de reducir el costo de nuestra democracia, si el INE sigue llevándose cada año en promedio de 15 a 20 mil millones de pesos, más del doble que los mismos partidos. Es decir, si seguimos tirando a la basura hasta 20 mil millones de pesos por año. Así que el instituto debe comenzar a remojar sus barbas. Si no, al tiempo.
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