Nunca pertenecería a un club en el que me admitieran como socio
Groucho Marx (1890-1997). Actor y humorista norteamericano
Tal y como lo plantea, con peras y manzanas, al alcalde moreliano Alfonso Martínez parece asistirle la razón para seguir empujando por la intervención de la iniciativa privada en la prestación del servicio de alumbrado público. El problema pasa por dos aristas: la inveterada y fundada desconfianza hacia todo lo que huela a licitación, por aquellos de los moches, y el recelo que hay entre diputados de todos los colores para prestarle algún apoyo al edil, en época eminentemente electoral.
Groso modo: hoy el ayuntamiento gasta alrededor de diez y siete millones de pesos al mes en el rubro de alumbrado público, pero resulta que de las sesenta mil lámparas que hay en la ciudad, más de veinte mil están fundidas y sin posibilidad de reponerlas, por su alto costo. Cambiar todas, requiere algo así como quinientos millones de pesos. Martínez plantea que una empresa se haga cargo de cambiar las sesenta mil lámparas pero por otras de tipo no contaminante, y que esa empresa se responsabilice además de darle mantenimiento y reponer todas las que se fundan por un lapso de diez años. El ayuntamiento le pagaría exactamente los mismos diez y siete millones que hoy de todos modos gasta, pero con la diferencia de que la ciudad entera estaría iluminada.
¿Y qué ganaría la empresa? Pues un buen recurso, porque su inversión inicial de quinientos millones los repondría con el hecho de que el ayuntamiento le pague cada mes esos diez y siete millones. Planteado así, no parece haber duda de que se trata de un esquema ventajoso para la ciudad y, cierto, también para la empresa. Pero lo más importante: que con el mismo dinero que hoy se gasta, tendríamos garantizada una ciudad completamente iluminada.
Insisto, el alcalde debe estar consciente de que como toda licitación, esta que pretende genera dudas de que haya moches de por medio. Y es natural, estamos hastiados de esa práctica en México. Para contener dicha resistencia, el alcalde debiera hacer corresponsables al gobierno del estado, al federal, a los diputados y a la sociedad civil, para que a través de una mesa conjunta, todas las instancias supervisen el correcto y sano procedimiento de la licitación y que la empresa ganadora lleve el visto bueno de todas ellas, amén de que también colectivamente se supervise su operación durante los diez años previstos.
De esa forma, el alcalde desarmaría a sus detractores, al hacerlos partes de la solución, y simultáneamente arrinconaría a los diputados que hoy le cierran el paso a su proyecto, porque éstos buscan también ocupar su lugar en la presidencia municipal, dado que dejaría de ser programa de Martínez, para convertirse en programa de Morelia. Hay que aclarar que para materializar ese proyecto, el alcalde requiere el aval del Congreso.
Me parece que esa es la única vía de solución para que se cristalice un proyecto que, insisto, expuesto llanamente, sin trasfondos políticos, parece de sentido común. Hay que ver si Martínez opta por ese camino. Por ahora, no le veo otra alternativa.
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