La política es como patinar sobre ruedas: se va en parte a donde se desea y en parte a donde lo llevan a uno los patines
Anónimo
El presidente López Obrador enviará el primero de diciembre al Congreso de la Unión su iniciativa que busca que la Secretaría de la Defensa Nacional incorpore a la Guardia Nacional. Lo hará, por cumplir el compromiso pero, sobre todo, como parte de su clásica estrategia de victimización. Y, a no dudarlo, perdiendo, ganará.
Perderá sí, porque sus votos legislativos no le alcanzan para que la iniciativa avance. Eso está claro. Pero ganará por doble vía: primero, porque esa derrota le dará pretexto para seguir señalando a la oposición como responsable de los índices de inseguridad y criminalidad en el país, para recriminarle ser apátrida, corrupta, conservadora, neoliberal. Y segundo, porque de cualquier forma está decidido a echar mano de un ilegal e inmoral, pero efectivo decretazo, por medio del cual logrará lo que legisladores oposicionistas le impedirán: que Sedena se engulla a la Guardia.
Lo primero le dará material de renta electoral. Lo segundo, redondeará la entrega del país que ha venido haciendo a las fuerzas armadas.
López Obrador sabe no solo que su iniciativa no tiene futuro, sino también que su decreto será desechado por la Corte, pero a su tiempo, cuando así convenga. ¿Qué pasará con el decreto? Fácil: el presidente lo emitirá. Al día siguiente tendrá validez y la Guardia Nacional irá, como él quiere, a la Sedena. La oposición o cualquier gobernador o alcalde u organismo facultado, de inmediato presentará ante la Corte un recurso para que se eche abajo dicho decreto.
La Corte lo admitirá, como es su obligación, pero le enviará al baúl de los recuerdos y por allá, cuando López Obrador ya no sea presidente, lo desempolvará y con toda seguridad lo anulará, por ilegal. Pero esos dos años, al menos, servirán para que el decreto esté vigente, para que López Obrador cumpla su deseo. Ya lo que venga después, es harina de otro costal. En vía de mientras, el presidente se habrá salido con la suya y el empoderamiento militar será incontrolable, y muy probablemente irreversible.
Un poder judicial autónomo rechazaría de inmediato el ilegal e irracional decreto presidencial. Pero en México no hay uno así, sino uno sujeto al Ejecutivo, plegado a él, así que ya podemos ir anticipando lo que sucederá. Si no, al tiempo. Y a la pesadilla todavía le quedan 767 días.
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