Cuanto menos aporta un político, más ama a su bandera
Kin Hubbard (1868-1930) Periodista norteamericano
No sé si el gobernador de Michoacán sea inversionista o no de la agencia informativa de Carlos Loret de Mola, Latinus, o incluso si su gobierno le esté o no comprando publicidad. Pero si fuera socio e invirtió dinero propio, ¿cuál es el problema? Y si como gobierno le compra espacios publicitarios, también ¿cuál es el problema?
En ninguno de los dos casos habría ningún tipo de delito, pero el presidente López Obrador ha ordenado a la bancada de Morena en San Lázaro que solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y a la Fiscalía General de la República, que indaguen el origen del financiamiento de la empresa de Loret, presumiendo, argumentó la diputada Reyna Celeste Ascencio, que el gobernador michoacano estaría detrás “con dinero ilícito”.
En el fondo, está la ira de López Obrador contra Loret por las constantes investigaciones periodísticas que han exhibido los actos de posible corrupción de su entorno más cercano, como su hermano Pío, su prima Felipa, su sospechosamente protegido Manuel Bartlett, entre otros. El problema es que Loret ha dejado en claro que el discurso presidencial de la honestidad queda solo en eso, en discurso, y eso no lo perdona López Obrador.
Tan no lo perdona que, como si no hubiera problemas más trascedentes como la pandemia y sus casi 500 mil muertos, la crisis financiera, la pérdida de millones de empleos y la criminalidad desbordada, destina su tiempo en ordenar una embestida contra el comunicador yucateco, aunque para evitar que se le tilde de autoritario decide que la bancada de Morena sea la promotora del exhorto a la UIF y a la FGR para que indaguen el financiamiento de Latinus.
Evidentemente, se trata del clásico acto intimidatorio de los regímenes dictatoriales, como una advertencia no solo al aludido, sino a todo aquel que tenga la osadía de criticar al presidente, máxime en donde más le duele: la corrupción.
Y de paso se trata de mandar un “estate quieto” a Aureoles, quien, repito, no sé si sea o no socio de Latinus, pero si fuera el caso ello no constituye ningún delito ni fiscal ni legal, aunque en una cuasi dictadura, sí un “delito” político. Igual si su gobierno le contratara publicidad, como a cualquier otra empresa periodística.
Como el Quijote que enfrentaba sus propios enemigos imaginarios, López Obrador ve en Loret, como en Felipe Calderón y como en el INE, sus adversarios a los que hay que masacrar, como el Quijote pretendía masacrar a los molinos de viento.
twitter@jaimelopezmtz
