Si los pobres votan por la izquierda y los ricos por la derecha, ¿a quién le interesa que haya más pobres?
Paolo Coelho (1947-?) Escritor brasileño
Ya en plan absolutamente retador y sabiendo que tiene contra las cuerdas a los organismos electorales, el presidente López Obrador se abre de capa y reconoce sin tapujos ni rodeos, a la pregunta de qué responde a la oposición que le acusa de estar metiendo las manos en el proceso electoral: “claro que sí, si aquí lo di a conocer (en la mañanera), si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”.
Y ya encarrerado, dijo no temer a sanciones del INE o del Tribunal Electoral, al tiempo de amagar con seguir con esas denuncias, porque “de ninguna manera me quedaré callado” ante presuntos hechos de fraude electoral.
La confesión tiene como contexto su “denuncia” previa de que los candidatos punteros en la elección para gobernador de Nuevo León, los del PRI y de Movimiento Ciudadano, están incurriendo en actos ilegales de campaña. Obsequioso como siempre con el presidente, el “autónomo” fiscal Alejandro Gertz Manero de inmediato atendió la “sugerencia” de López Obrador, y abrió una carpeta de investigación en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, quienes por ese solo hecho pueden ser detenidos y enviados a prisión, lo que los dejaría fuera de la contienda electoral y se abriría el paso a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, hoy en un lejano tercer lugar. Cual perfecta dictadura: los opositores a prisión para garantizar que los candidatos oficiales “ganen” la elección.
La manifestación de López Obrador es acaso el mayor desafío que públicamente haya hecho un presidente a la ley, en cualquier momento de la historia de México. En los hechos, ha sido una práctica constante de todos los gobernantes violar la ley, no hay duda de eso, pero hacerlo así, retadora y soberbiamente, no es fácil encontrar un antecedente.
Si la premisa de que a confesión de parte, relevo de pruebas, sigue teniendo validez, es de suponerse que el INE y el Tribunal Electoral tomarán cartas en el asunto, aunque la ley no es contundente en ese sentido: la Constitución prohíbe involucrarse en las elecciones, pero ni ella ni ninguna ley secundaria contempla sanción expresa, con todo y que hay una sentencia previa del Tribunal en la que literalmente le prohíbe al presidente tener injerencia en la elección.
Es fácil advertir lo que pasará: el INE apercibirá a López Obrador y dictará una “tutela preventiva” –que significa únicamente un amago de que no lo vuelva a hacer-y el Tribunal reforzará su exhorto en el mismo sentido. Pero no más. De hecho, el presidente ya anunció que seguirá metiéndose en la elección bajo el pretexto de que no puede dejar de denunciar actos ilegales de los candidatos, sabedor de que, para no variar, no pasará nada.
Pero nadie puede llamarse a sorpresa: es López Obrador, es al que elegimos como presidente, un violador sistemático de la ley.
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