El militar es una planta a la que hay que cuidad con esmero para que no dé sus frutos
Jacques Tati (1907-1982) Director de cine francés
La “estrategia” gubernamental de suponer que si se entregan en efectivo y en propia mano los programas asistenciales del gobierno, le dan a éste un plus de tipo político y electoral, cobró tres vidas este lunes en Tarímbaro, municipio colindante con Morelia.
La historia es tan rápida como cruel: tres policías de Tarímbaro, dos hombres y una mujer, fueron comisionados por el alcalde para venir a la sucursal de Bansefi, en el centro histórico de Morelia, a recoger una fuerte suma de dinero en efectivo –se estima en alrededor de un millón de pesos-, destinado a los adultos mayores de ese municipio.
Los policías regresaban a su población y para ello les acompañaban tres trabajadores de la institución bancaria, cuando fueron atacados con armas de grueso calibre por delincuentes que ya los esperaban. Los ocupantes de la patrulla literalmente fueron masacrados: dos policías, entre ellos la mujer, que iba desarmada, y una empleada de Bansefi, murieron en el mismo sitio del ataque, y los otros dos oficiales y dos empleados bancarios, resultaron heridos.
Frustraron el robo, pero pagaron con sus vidas los policías.
Que haya robos y asaltos a cualquier hora del día o la noche y en cualquier sitio de zonas urbanas o semi urbanas, es lo más normal, lamentablemente, en Michoacán, comenzando por la capital. Pero que asalten a policías armados y a una institución bancaria oficial, adquiere otra connotación.
El fondo de esto es que los delincuentes saben que Bansefi maneja importantes sumas de dinero en efectivo, que entrega a funcionarios de Municipios para que a su vez los lleven a beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. La idea de ayudar a los sectores más necesitados es, por supuesto, obligada para el gobierno, pero hacerlo de la forma más riesgosa para todos los involucrados es, por decir lo menos, irresponsable.
Cierto, ese esquema de entregar dinero en efectivo nació en los gobiernos priístas, pero de hace una década para atrás. Recientemente, todos los apoyos sociales comenzaron a canalizarse vía transferencias electrónicas, lo que además de reducir el riesgo de asaltos para quien transporta grandes sumas de dinero, incide también en un mayor control de la entrega del dinero, es decir, reduce notablemente los riesgos de corrupción.
Pero ese avance lo echó abajo el gobierno de López Obrador, que decidió regresar a la entrega en mano y en efectivo del dinero de los programas sociales, porque supuso que de esa forma tienen más rentabilidad política y electoral, dado que así hay la certeza de que el que entrega el recurso no olvida el clásico “reciba usted un atento saludo de nuestro presidente, siempre preocupado por los más pobres”. Y eso, a la hora de las votaciones, tiene sus consecuencias.
Es infame y brutalmente riesgoso que siga vigente ese mecanismo, cuando la banca electrónica debiera resolver el problema. Pero es claro que al gobierno no le interesa si hacerlo a la antigüita genera riesgos como los materializados este lunes en Tarímbaro que, por lo demás, habrá que decir que no son únicos: en Zitácuaro y en Morelia recientemente han sido asaltadas las oficinas de Bansefi, en la más completa impunidad. Bansefi, ya se sabe, es institución bancaria del gobierno federal.
Mientras se siga con ese formato, muchas vidas de policías, de empleados de Bansefi y de beneficiarios de los programas sociales, seguirán en riesgo. Todo, por la necedad, cruel necedad, del gobierno, de asegurarse la rentabilidad electorera del esquema. Si no, al tiempo.
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