En la aritmética política, dos y dos no son jamás cuatro
Francisco Romero Robledo (1838-1906) Político español
No es cuestionable en sí misma la decisión del gobierno del estado de convenir con comunidades indígenas la dotación de armamento a sus rondas o policías propias. En realidad, es parte la nueva realidad social y jurídica que comienza a configurarse en un número importante de dichas comunidades.
La Secretaría de Seguridad Pública, obviamente con el respaldo del gobernador Ramírez Bedolla, ha confirmado que con unas quince comunidades indígenas se trabaja ya en la elaboración de convenios de coordinación, a través de los cuales se les entregará armamento para equipar a sus rondas de vigilancia, que son una especie de cuerpos policiacos conformados por los propios comuneros.
Desde luego, el modelo a seguir en cuanto a la autonomía que van logrando en muchos sentidos esas comunidades, es el municipio de Cherán, que tiene bien estructurado y con armamento su propio sistema policiaco, aunque sin que haya firmado ningún convenio en ese sentido ni con el gobierno federal, ni con el estatal.
Lo que pretende ahora la administración bedollista es institucionalizar ese respaldo en armamento y en capacitación a los comuneros dedicados a la vigilancia de sus demarcaciones. En realidad, lo que pretende el gobernador es anticiparse a un escenario inevitable: con o sin la mano del gobierno, las comunidades indígenas irán avanzando decididamente en la creación de sus cuerpos de seguridad y sin duda se allegarán del armamento necesario. Así que si de cualquier manera darán ese paso, el gobierno prefiere anticiparse y darle un sentido de institucionalidad a esa realidad. En ese sentido, justificado, porque al menos habrá cierto control estatal en un tema tan delicado.
Pero justo ahí es donde el gobernador debe asegurarse que no se reedite el pernicioso antecedente de la era Castillo, en que el gobierno dotó de armamento a civiles, amparados en los grupos de autodefensa, pero aquello, ya se sabe, salió por completo contraproducente, no solo porque ahí se cobijaron igual ciudadanos que únicamente buscaban defenderse de la criminalidad, como delincuentes disfrazados, sino porque, con sus excepciones, fueron la base de muchas de las células del crimen organizado que dominan amplias zonas del estado.
El reto del gobierno de Bedolla será, pues, contener el riesgo que significa armar civiles. No es asunto menor ni fácil de encarar, pero debe evitar a costa que se reedite el escenario perfilado por Alfredo Castillo hace siete años. Es deseable que así sea. Twitter @jaimelopezmtz
