Aléjese de los palacios el que quiera ser justo: la virtud y el poder no se hermanan bien
Lucano (39-65) Poeta romano de origen español
Si practicáramos, aunque sea por un momento, un deporte que en México regularmente está olvidado, el de aplicar la ley, Andrés Manuel López Obrador debiera ir a la cárcel y, por ende, dejar de ser presidente de la república.
El artículo 150 del Código Penal Federal establece:
“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión…si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años”.
El presidente declaró el viernes anterior en su homilía matutina, oficialmente denominada conferencia de prensa, que él había ordenado que las fuerzas militares dejaran en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, luego de que en un exitoso operativo lo apresaran en Culiacán en octubre pasado. López Obrador justificó que su instrucción fue para evitar reacciones violentas del Cártel de Sinaloa y la consiguiente muerte de “unas 200 personas inocentes”.
De hecho, ante la confesión, la Fiscalía General de la República estaría obligada a actuar de oficio.
Hasta aquí, lo que dice la ley, esa que en México es sólo letra y teoría, y que llega a la práctica únicamente cuando conviene a intereses claramente superior de facto a ella, como políticos, económicos o delincuenciales.
Porque si nos atenemos a ella, a la ley, es evidente que el artículo 150 del código no deja lugar a dudas, ni siquiera a ningún tipo de interpretación. López Obrador incurrió en una violación expresa a la ley, porque ésta no advierte que ni un presidente queda exenta de su acatamiento, ni que haya alguna justificación para violentarla en ese artículo, como evitar derramamiento de sangre de “gente inocente”.
Y si regularmente la ley en México no se aplica para los poderosos, hoy menos con nunca con un presidente al que todo marco normativo le causa urticaria, y porque, además, no hay una Fiscalía autónoma ni independiente. Como sucedió con la nefasta PGR, también la Fiscalía está supeditada al Ejecutivo y tiene como fin primordial protegerle a él e ir contra sus adversarios.
En la 4T, nada cambia y si lo hace, es para empeorar.
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