El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente
Lord Acton (1834-1902) Historiador inglés
No es fácil explicar por qué el Instituto Electoral de Michoacán tiene que pagar la ofensiva cantidad de medio millón de pesos al mes a una persona, o acaso despacho, para que “asesore” y defienda a los funcionarios del organismo que son acusados por la Auditoría Superior de Michoacán de alguna irregularidad administrativa derivada de la auditoría correspondiente en el 2015.
Ignacio Pineda García es el nombre de una persona física, despacho o empresa, que se encuentra en el tabulador del IEM en el rubro de “Prestación de Servicios Profesionales 2019”, y que en la columna denominada “Sueldo mensual más impuestos y retenciones”, está incorporado con un brutal salario de 500 mil pesos. En la columna “Puesto” el IEM cita: “Asesoría en materia de fiscalización de auditoría 2015”.
Obviamente, las irregularidades detectadas por la ASM fueron a personas de carne y hueso, no al IEM como tal; por tanto, no existe ninguna razón, al menos moral y ética, para que el organismo haya contratado los servicios de un agente externo para que “asesore” a ninguno de los involucrados.
En todo caso, éstos, los acusados por la Auditoría, estarían obligados a clarificar y a despejar cualquier duda de la autoridad, y si para ello requieren una asesoría profesional externa, evidentemente debieran haberla pagado de su bolsillo. ¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos la asesoría para que un funcionario del IEM acusado de irregularidades salga del problema?
El IEM de Ramón Hernández ha sido un monumento a la opacidad. La autonomía de que goza el organismo ha sido aprovechada para múltiples maniobras administrativas que han rayado en el filo de la ilegalidad, como en su momento fueron la adquisición de vehículos sin licitar, la contratación de un sinfín de asesorías externas, la autorización de indemnizaciones millonarias para funcionarios y empleados de diverso nivel, entre otros más.
La contratación de la referida asesoría por medio millón de pesos, aun cuando tuviera algún soporte legal, apunta a una inmoralidad, una injusticia y una sospecha: inmoralidad, por la monumental cantidad de dinero que significa: ¡medio millón de pesos por mes!; injusticia, por el ya apuntado hecho de que con cargo al presupuesto se contrate a un asesor para que un funcionario observado por la Auditoría revierta su problema personal; y sospecha, porque habría que indagar si los 500 mil pesos en realidad es el sueldo de ese despacho, o bien estamos ante la concertación de un moche. La suspicacia es legítima: es México, es Michoacán, es un organismo electoral, es decir, hay elementos para dudar de la limpieza de dicha contratación.
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