La prensa es la artillería de la libertad
Hans Chrstian Andersen (1805-1875) Escritor danés
Así, ataque al honor, se define el delito que comete quien difunde públicamente alguna información o comentario que atente contra “el honor” de otra persona, más allá incluso de que sea o no una falacia.
Así de aberrante es la ley. Así de absurdo y atentatorio contra la libertad de expresión es el Código Penal de Michoacán.
Al amparo de esa legislación fascista, el alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, ha interpuesto una denuncia penal en contra de la reportera Azucena Silva, luego de que ésta publicara en su portal electrónico una información que da cuenta de una serie de investigaciones que llevan a cabo organismos como la Contraloría y la Auditoría Superior de Michoacán, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a obra pública en ese municipio.
No hubo juicios de valor ni comentarios de Silva, sólo la transcripción de una información que además ya se había publicado en otro sitio de la red. Por supuesto, se habla de investigaciones oficiales, no de conclusiones, que no las hay.
Bueno, pues resulta que informar, ni siquiera opinar, cuestionar, comentar, solo informar de una investigación, en Michoacán puede ser causa de una sanción penal de hasta cinco años de cárcel, porque aquí prevalece una absurda ley que así lo contempla, a contrapelo de la tendencia nacional de que demandas relacionadas con posibles calumnias o difamaciones, se ventilen por la vía civil.
Ignacio Mendoza, el abogado defensor de Azucena Silva, explica que fue durante el paso de Alfredo Castillo por Michoacán, es decir, entre 2013 y 2014, cuando se empujó en el Congreso del Estado por reformas al Código Penal para incorporar justo el delito de ataques al honor. No dudo que en ello pueda haber influido Castillo, dado su espíritu belicoso e inquisidor.
Pero que así haya sucedido en ese entonces, no significa que deba seguir prevaleciendo una ley de corte absolutamente fascista, a la que los actuales diputados estarían obligados a dar marcha atrás.
Contemplar como delito escribir o decir algo que pueda atentar contra algo tan subjetivo como el “honor”, es de plano borrar la tenue línea que lleva a impedir fácticamente la libertad de expresión, porque cualquier persona, máxime si tiene poder político o económico, puede solo apelar a que su “honor” le fue afectado, para llevar a un periodista a juicio, al margen de si fue soportada y probada la información. Pueden exhibirse todas las pruebas sólidas que den soporte a una información, pero si el personaje aludido argumenta que su “honor” fue afectado, a la cárcel puede ir a dar ese periodista. Es como de terror, pero es real.
Al margen de estar inmersos en tareas políticas y electorales, bien harían los diputados locales en darse un pequeño espacio en sus apretadas agendas, para abordar la obligada reforma al Código Penal, para quitarle el hedor a represión y fascismo que tiene hoy en ese rubro. Veremos. Por lo pronto, mi solidaridad con Azucena.
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