El rugby es un juego muy rudo, casi tan rudo como la política
Morgan Freeman, en el papel de Nelson Mandela (1937-?) Actor norteamericano
La bancada de Morena en el Congreso local se ha impuesto el reto de separar de sus cargos al Fiscal General de Justicia y al Auditor Superior de Michoacán, más como el cobro de facturas políticas pendientes y en seguimiento a una directriz que a nivel nacional ha impulsado ese partido, que como resultado de que ambos funcionarios hayan incurrido en irregularidades que justifiquen su cese.
Al menos en el caso del fiscal, Adrián López Solís, los diputados morenistas no tienen el aval del gobernador Ramírez Bedolla, aunque sí parcialmente por lo que hace al caso del auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda.
A este último, al auditor, la bancada morenista pretende atribuirle omisiones «graves» en el cumplimiento de su trabajo, relacionadas sobre todo con la no ejecución de diversas auditorías a dependencias del gobierno de Silvano Aureoles, del cual él mismo formaba parte. Fidel Calderón, líder legislativo de partido oficial, ha tomado como personal el reto de cesar al auditor.
Y al fiscal López Solís en realidad no parece haber nada que se aproxime a una justificación para removerlo, salvo la enemistad personal y política con el propio Fidel Calderón. Ya hace un mes recibió el fiscal un anticipo de lo porvenir, cuando en un acto encabezado aquí en Morelia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue objeto de una auténtica emboscada por el cuatroteísmo michoacano, que le armó un burdo reclamo público de habitantes de Arantepakua, municipio de Nahuatzen, por un operativo policiaco de hace cinco años, cuando él era secretario de Gobierno.
Lo más probable es que a Morena no le alcance la fuerza que tiene en el Congreso para renunciar ni al auditor ni al fiscal, si se toma en cuenta que el bloque opositor parece firme y cuenta con mayoría legislativa, amén de que en ambos casos se trata de titulares de órganos autónomo que fueron electos por siete años, caso Aguirre, y nueve, caso el fiscal, y a los cuales no es fácil remover si no hay factores de suma gravedad. Ambos incluso podrían acudir a un amparo si llegaran a ser cesados por el Congreso, y es altamente probable que lo ganaran. Es decir, ni siquiera una decisión legal de los diputados, sería definitiva.
Como sea, y a menos de que haya justificaciones serias, sólidas, no meramente políticas, no parece sano que el Congreso se desgaste en una dinámica de muy difícil desenlace positivo, cuando hay en la mesa mil temas más relevantes que atender. Veremos hasta dónde avanzan Fidel Calderón y los suyos en esa ruta nada tersa.
twitter@jaimelopezmtz
