Una inversión en conocimiento paga el mejor interés
Benjamín Franklin (1706-1790) Político e inventor norteamericano
De entrada, cualquier tipo de revisión a un sector que es prototipo de la irregularidad y la corrupción, como es el educativo en Michoacán, es no sólo bienvenida, sino exigible. Y en un momento de apremio absoluto como el actual, por partida doble imprescindible.
Este martes, el secretario de Educación en la entidad, Alberto Frutis Solís, solicitó formalmente a la Contraloría estatal una auditoría integral e histórica de todo el sistema educativo: plazas, bonos, contrataciones, prestaciones sindicales, y un etcétera que puede alargarse hasta el infinito, porque infinito es el cúmulo de irregularidades en el sector.
La auditoría incluirá a la Secretaría de Educación y a las mismas mafias que tiene en su interior disfrazadas de sindicatos, con el cártel de la Cnte a la cabeza.
Debe esperarse una indagatoria profesional e imparcial, sobre todo porque al ser la Contraloría parte del mismo gobierno, su actuación y resolución puede ser atacada de parcial.
Por eso mismo, sería sano que la SEE contratara algún despacho especializado en ese tipo de auditorías, con el prestigio y la calidad que garanticen que sus resultados sean absolutamente creíbles y que, en todo caso, refuercen el trabajo de la Contraloría.
Un experto en estas lides me lo dijo no hace mucho: dos auditorías al mismo objetivo, si son profesionalmente ejecutadas, deben dar el mismo resultado, así quien la haga sea entidad gubernamental o despacho particular. En esa lógica, la investigación y resultado que entregue la Contraloría Estatal sería igual que lo que produzca un despacho externo. La diferencia es que el segundo tendría aún mayor credibilidad.
Puede argumentarse la falta de recursos financieros para contratar una auditoría externa. Es válido, pero si se toma en cuenta la necesidad de conocer a fondo cómo se ha administrado los últimos veinte años la SEE y, sobre todo que sirva para corregir errores y enviar a la cárcel a quien sea preciso en función de sus resultados, me parece que sería absolutamente justificada la contratación de un despacho especializado.
Y en cualquier sentido, el resultado de la auditoría, sea oficial o privada, deberá redundar en consecuencias y sanciones legales. Si no, ni para qué tirar el dinero. Veremos.
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