Si hubiera más políticos que supieran de poesía, y más poetas que entendieran la política, el mundo sería un poco mejor
John F. Kennedy (1917-1963). Presidente de Estados Unidos
Nadie parecía acordarse del asunto, pero PKF México trabajó a la callada durante más de medio año, y hoy le ha puesto en las manos una bomba a los nuevos diputados locales y al mismo gobierno del estado: el resultado final de la auditoría forense que practicó a la cuenta gubernamental pomposa y oficialmente denominada Cargos por Aplicar, coloquialmente la famosa “licuadora”.
Y es una bomba, porque esa auditoría desnuda, con minuciosidad absoluta, las barbaridades contables que hicieron los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, en el manejo de los recursos que recibían tanto de los programas federales como de los bancos, en este último caso por concepto de los múltiples créditos contratados en ese periodo.
Ya se sabe que “la licuadora” la inventó el Gobierno de Cárdenas Batel, la perfeccionó el de Godoy y la pulió el de Vallejo, con el objetivo de concentrar en una sola cuenta bancaria todos los recursos federales, estatales y bancarios, y de ahí manejarlos con total discrecionalidad, pese a ser una práctica absolutamente prohibida por la ley.
Eso es lo que indagó PKF, que ganó la licitación organizada por la Secretaría de Finanzas y que entregó ya el resultado final al Congreso del Estado. (https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/74078-auditoria-forense-creditos-bancarios-se-fueron-a-la-licuadora-irregularidades-por-89-mmdp.html)
Las irregularidades puestas al descubierto suman la descomunal suma de más de ochenta mil millones de pesos; sí, así como se escucha, ochenta mil millones, que sólo para dar una idea, es más del presupuesto completo de Michoacán este año.
No hay motivo ni pretexto para no castigar a los responsables de ese patético episodio de las finanzas michoacanas, de 2003 a 2014; el documento de PKF es tan claro y contundente, que no hay vuelta de hoja: si no hay sanciones, es porque prevaleció, otra vez, la impunidad.
Cierto, de entrada todo hace suponer que al menos Cárdenas y Godoy tienen asegurada esa impunidad, dada su vinculación y cercanía con Andrés Manuel López Obrador; Vallejo de alguna manera, como siempre, encontrará la forma de asegurarse también un fuero que le proteja de cualquier sanción.
Pero el documento que tienen en sus manos los diputados y el mismo gobierno del estado, tiene tal solidez que debe hacer añicos aún ese halo de impunidad del que parecen rodearse los tres ex gobernadores.
Veremos si hay los pantalones para actuar.
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