Oponerse a la corrupción en el gobierno es la máxima obligación del patriotismo
Edward Griffin (1931-?) Productor de cine norteamericano
En términos de gobernabilidad, el actual es un momento que puede marcar a la administración de Alfredo Ramírez Bedolla. La detención y eventual proceso judicial de tres jóvenes egresados de escuelas normales, por incendiar vehículos particulares, será un parte aguas que definirá qué clase de gobierno es: uno que se somete a los grupos radicales acostumbrados a doblar a cuanto gobernador se topan, o uno que pone por delante la ley y la no impunidad.
Debido a que la defensa de los jóvenes detenidos solicitó la duplicidad del término legal para que su situación sea definida, ello sucederá hasta el próximo viernes. Mientras, las presiones y los chantajes para que el gobierno los libere, por parte de la Cnte, el normalismo y comunidades indígenas, van en aumento. Empero, habrá que advertir que en sentido jurídico, no compete al gobierno liberar o no a los detenidos, aunque sí tiene injerencia en el terreno político.
La situación legal de los detenidos compete al Ministerio Público y al juez, representantes ambos de órganos autónomos, al menos en teoría: la Fiscalía General de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sin embargo, no puede soslayarse que en otras ocasiones, el gobierno del estado sí ha intervenido políticamente para que normalistas o centistas sean liberados ante hechos delictivos similares. Ello, bajo el pretexto de que de esa forma se evita la desestabilización que provocan las movilizaciones de protesta. Lo cierto es que con o sin normalistas detenidos, la desestabilización es la misma. No cambia en nada el escenario si son liberados y sí, en cambio, se envía señales de prevalencia de la impunidad.
Los tres normalistas, dos hombres y una mujer, no son presos políticos, como dolosamente aseguran sus liderazgos; fueron detenidos por robarse vehículos y luego destruirlos. Se trata de un delito grave y como tal deben responder ante la justicia. Bien hizo la guardia comunitaria en detenerlos en flagrancia. Bien hizo el MP en consignarlos. Bien hará el juez en someterlos a proceso. Y, hay que decirlo, bien ha hecho hasta ahora el gobierno de Bedolla en no tratar de intervenir para resolver “políticamente” el caso.
Cierto, no es una decisión fácil: los normalistas saben que estos días, de gran movimiento turístico en la entidad, son ideales para presionar al poder público, y por eso este lunes incendiaron otros ocho vehículos en la zona de Carapan y Zacapu. Y sin duda el martes habrá más. El gobierno debe arreciar sus operativos para evitar esos hechos vandálicos y enviar a los responsables también a prisión.
Veremos hasta dónde resiste la presión Ramírez Bedolla. Y mientras, a la pesadilla todavía le quedan 700 días.
twitter@jaimelopezmtz
