Donde hay educación, no hay distinción de clases
Confucio (551-478 AC) Filósofo chino
Las cifras son monumentales, amén de absurdas: más de dos mil millones de pesos que el gobierno del estado ha destinado en los últimos tres años, vía “bonos”, al magisterio michoacano. ¿Y a cambio de qué?
Pues de nada, porque la calidad educativa sigue por los suelos, la inestabilidad provocada por la mafia centista está a todo lo que da, y las finanzas siguen colapsadas por la ambición desmedida de ella.
Adrián López Solís, el secretario de Gobierno, convocó este miércoles a la prensa para reiterar el llamado gubernamental a la Cnte, a cesar en sus movilizaciones sociales y, por supuesto, en consecuencia a retornar a las aulas. Son, ya se sabe, gritos y llamados en el desierto.
Asegura que están cubiertos los adeudos con la mafia –bueno, el término no es de él, claro, sino de este reportero-, y que esos miles de millones de pesos tirados a la basura –de nuevo, frase mía, no de López Solís-, equivalen, o equivaldrían porque ya se tiraron, a garantizar la atención de noventa mil adultos mayores por siete años, a través del programa Sí Alimenta; o también al doble del presupuesto anual del DIF, con todos y sus programas asistenciales, o siete veces el presupuesto de la Junta Local de Caminos, la oficina gubernamental encargada de ejecutar justo el programa carretero de la entidad.
De ese monstruoso nivel es lo que el gobierno regala al magisterio año con año. Es una perversidad lo que está pasando.
¿Qué hacer? Pues solo quedan dos cosas medianamente sensatas, aunque ambas generarían una revolución magisterial –aunque de todos modos ya la hay, ¿no? La primera, que el gobierno estatal, vía la Secretaría de Educación, ya no firme este año ninguna minuta con la Cnte, porque en todo caso los bonos son pactados –arrancados, por mejor decir- por ella al gobierno cada año; luego entonces, su vigencia es solo por el año que corre. Digamos que perverso y todo, pero el compromiso de los bonos se tuvo hasta el 2017 y ya se pagó. Por ende, no hay ninguna obligación de mantenerlo para 2018.
Y dos, iniciar el proceso para dar marcha atrás a la descentralización de la educación que el gobierno federal arrancó por allá en la década de los ochenta, para transferir a los estados atribuciones y responsabilidades en ese campo. Ha sido un proceso que quedó a medias, pero que fue diseñado y ejecutado sobre las rodillas, que ha sido por ende un absoluto fracaso. Hoy, no resiste más, debe darse marcha atrás, los estados están siendo saqueados por la Cnte y la liga se rompió de tanto estirarse.
No se ve otra medida, a menos que se quiera mantener el gobierno estatal arrodillado por siempre, con una pistola martillada en la cabeza a manos de la Cnte. ¿O alguien encuentra otra alternativa?
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