Los militares cuentan demasiado con la fuerza, y los políticos cuentan demasiado con la habilidad
Achile Tournier (1847-1906). Escritor francés
El rector nicolaita Medardo Serna anuncia que tiene listo el recurso jurídico que tramitará ante la justicia federal para tratar de que se eche abajo la reforma constitucional que aprobaron los diputados locales, que contempla que el presupuesto anual de la Universidad Michoacana nunca deberá ser menor al del año anterior, salvo en dos escenarios: que reduzca su matrícula y que el presupuesto global del estado también fuera menor.
Se entiende el esfuerzo jurídico de Serna, pero es evidente que su trámite será infructuoso, porque adolece de sentido común: lo que busca es que haya un estado de excepción para la Universidad.
Y ello es fácil de explicar: como cualquier otra entidad del poder público, sea gubernamental o autónoma, la Universidad Michoacana debe estar sujeta a los criterios presupuestales del estado y del país, y los dos escenarios que contempla la Constitución michoacana para que en determinado momento la institución viera reducido su presupuesto un año, en relación al previo, son lógicos, aunque en realidad son bastante improbables que se presenten.
Primero, es lógico que si un organismo público cualquiera ve reducido su universo a atender, también sus recursos financieros sean menores. Es como si la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que recibió un año cien pesos de presupuesto, porque entre sus funciones tuvo que otorgar créditos y capacitar a diez productores del campo, para el siguiente año pretenda recibir más dinero, si en lugar de diez, sólo atenderá a ocho campesinos. Es absurdo. El mismo criterio debe prevalecer para todos los organismos públicos, y la Universidad Michoacana no tiene porqué ser una excepción: si por alguna rara situación de un año a otro ve reducida su matrícula, es decir, la población estudiantil a atender, no tendría sentido alguno que se le autorice más presupuesto, ¿o sí?
Y segundo, si por efecto de una crisis financiera que obligue a los gobiernos federal y estatal, o sólo a uno de ellos, a reducir sus ingresos y por tanto su gasto de un año a otro, es obvio que todas las dependencias que viven del presupuesto público verán reducido su monto económico. ¿Por qué tendría que estar exenta alguna de ellas, la que sea?
Repito, ninguno de los dos escenarios es probable, pero es sano que estén contemplados en la Constitución. Y es ilógico, por no decir que absurdo, que la Universidad Michoacana pretenda ser considerada como una excepción. En todo caso, si se justificara alguna así, excepcional, sería el sector salud o bien los programas de asistencia social. La institución nicolaita es importante, pero no puede ser ubicada como “prioritaria” en caso de presentarse algún escenario como los descritos, no por lo menos antes que los servicios de salud o programas sociales.
Por eso, es altamente improbable que la justicia federal dé la razón a Serna, aunque su esfuerzo jurídico más bien debe entenderse como parte de su estrategia para mantener su alianza con sus dos sindicatos y para fortalecerse políticamente de cara a la renovación de la Rectoría, en enero próximo. Si no, al tiempo. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
