La guerra no consiste solo en la batalla, sino en la voluntad de contender
Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo inglés
No parece sólida la argumentación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para sugerir que fue ilegal la detención de 167 integrantes de Pueblos Unidos, mismos que este miércoles fueron enviados al Cereso Mil Cumbres, en tanto el juez les define su situación jurídica.
Por esa consideración, es que el Ombudsman michoacano, Marco Antonio Tinoco Álvarez, presentó una queja por dicha detención masiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, informó que el organismo a su cargo está “acompañando” a las familias de los detenidos.
Se entiende que la función primordial de la comisión es ponerse del lado de la sociedad cuando ésta vea afectados sus derechos humanos ante un acto del poder público. Empero, no hay indicios de que la detención de los 167 integrantes de Pueblos Unidos haya constituido una violación a tales derechos, o haya sido de plano ilegal. Un civil no puede portar armas y a menos que se pruebe que fueron sembradas, a los detenidos les fueron decomisadas más de doscientas armas de uso exclusivo del Ejército. Ese solo hecho constituye una ilegalidad.
Cierto, pueden entrar en juego diversas consideraciones, como que esos civiles se arman para defenderse de los verdaderos criminales, pero en estricto sentido nadie puede argumentar que no es un ilícito para un civil, portar armas.
Por ello es que no termina de convencer la legitimidad de la queja interpuesta por el Ombudsman michoacano ante la instancia nacional. Incluso, puede sentar un mal precedente: ¿se defenderá a partir de ahora en la CEDH a civiles que delincan, solo por el hecho de ser políticamente correcta?, ¿o tiene la institución pruebas de la “ilegalidad” de la detención masiva?
Me parece que la CEDH se mete por sí misma en un callejón sin salida, pero sin ninguna necesidad. Una cosa es vigilar que operativos policiacos no violenten los derechos humanos, y otra ponerse en automático en contra del gobierno, cuando por fin éste se ha decidido a cumplir su obligación de evitar que civiles pululen armados hasta los dientes. Veremos que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y mientras, a la pesadilla todavía le quedan 775 días. twitter@jaimelopezmtz>
