La riqueza no es necesariamente una cosa mala cuando se ha ganado de manera honesta y ni otras personas ni el medio ambiente han sufrido por ello
Dalai Lama (1935-?) Líder del budismo tibetano
Es aberrante y vergonzoso, por decir lo menos, el choque de trenes de las instancias federal y estatal en el rubro de protección al medio ambiente, derivado de los operativos que la segunda de ellas ha echado a andar para desmantelar huertos aguacateros, bajo la justificación de que sus propietarios no cumplieron con los requisitos legales para cambiar el uso de suelo y, sobre todo, porque con ello están matando a los bosques michoacanos y, obvio, generando una grave afectación al ya de por sí severamente dañado medio ambiente.
La Federación, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, ha alertado que dichos operativos son ilegales, porque la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán no cuenta con los argumentos jurídicos para llevarlos a cabo, que sólo los podría realizar si antes firmara un convenio de colaboración con la instancia federal, lo cual, asegura la Profepa, no ha sucedido.
Por su parte, el secretario del Medio Ambiente en la entidad, Ricardo Luna García, sostiene este lunes en Respuesta Radio que dichos operativos seguirán vigentes, porque asegura tener los fundamentos legales para ejecutarlos, amén de que, dice, la autoridad federal “no hace nada” para combatir el cambio de uso de suelo y por tanto la pérdida de bosque y selva en Michoacán.
Creo que en las dos partes hay una dosis de razón: el bosque, en efecto, se está acabando y la proliferación de plantíos de aguacate afecta al medio ambiente, pero por otro parte, sí parece un hecho que no se han firmado los convenios de los que habla Profepa y que por tanto el desmantelamiento de huertos pudiera generar un acto ilegal.
Si así están las cosas, y si todo es cuestión de tramitología y burocratismo, parece aberrante que ambas dependencias peleen mientras el bosque se desintegra y el medio ambiente sufre más embates. En el fondo, a la instancia estatal le asiste la razón en cuanto a su decisión de combatir el fenómeno, pero debiera cubrir el expediente burocrático de signar antes los referidos convenios, para no tener a la Profepa encima. Y, hay que decirlo, ésta parece más interesada en cubrir formalidades legaloides, que en proteger el medio ambiente michoacano.
Bien haría entonces Luna García en salvar ese expediente para no dar pie a la actitud de Profepa, que parece aprovechar ese vacío para no combatir el cambio de uso de suelo. Si es cosa de burocratismo, pues con simple voluntad de las partes se podría solucionar, ¿o no?