Cuando ve la situación de los presos de conciencia, mi libertad me incomoda
Abel Pérez Rojas (1970-?) Educador mexicano
Es normal que el procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, rechace que José Manuel Mireles haya sido un preso político. Y es normal, porque fue el jefe político del procurador, Alfredo Castillo Cervantes, quien se encargó de encarcelar a Mireles y luego de impedir que antes de tres años en prisión saliera de ella.
En realidad, Godoy Castro se encuentra en una especie de dilema en el caso Mireles: por una parte, tiene un jefe jerárquico, el gobernador Silvano Aureoles, quien saludó y vio con beneplácito la excarcelación del ex líder de las autodefensas de la tierra caliente. Y por otro, tiene un jefe político, Castillo, quien encarceló a Mireles e hizo hasta lo imposible por retenerlo en prisión tres años y, sobre todo, por evitar que el juez le fijara la fianza que por ley tenía derecho desde hace mucho tiempo.
Por tanto, Godoy Castro no ha logrado descifrar aún cuál es su papel ante la excarcelación de Mireles: si se suma al “beneplácito” de su jefe jerárquico, o a la ira que el hecho debió causar en su jefe político.
Lo que sí es entendible es que el procurador le diga a Tere de la Torre este fin de semana en Cenobio Moreno, que Mireles no puede ser considerado un “preso político”. Al margen de que claramente sí lo fue, y ahora es un procesado político, Godoy debe rechazar desde luego esa etiqueta, porque fue su jefe político quien, en todo caso, habría maniobrado para hacer de Mireles un preso político, una figura que, de acuerdo a la Constitución, no existe, pero que en la realidad es común encontrarla en las cárceles mexicanas.
¿Cómo aceptar que no fue un preso político, si lo detuvieron, junto con un centenar de autodefensas, por portar armas, cierto de uso exclusivo del Ejército, pero autorizadas de facto por el gobierno federal, vía Castillo, y el estatal, vía Fausto Vallejo?
¿Cómo aceptar que no fue un preso político si con toda intención fue enviado al penal más lejano de la entidad, el de Hermosillo, Sonora, y jamás se autorizó su traslado a Michoacán, siendo al “cercano” Tepic lo más que aceptó el sistema a manera de flexibilidad?
¿Cómo aceptar que no fue un preso político si la PGR presionó una y otra vez al juez para que no autorizara la libertad bajo fianza de Mireles, pese a que el delito por el que está en proceso, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, no es grave, según el Nuevo Sistema de Justicia Penal?
Y cómo aceptar que no fue un preso político, si el gobierno, léase Castillo como comisionado federal, lo hizo su aliado y cuando ya no lo necesitó o ya no le convino, lo dio una patada en el trasero y lo envió a prisión.
Por supuesto que Mireles es un preso político, señor procurador. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
