La ociosidad es la madre de la filosofía.
Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo inglés
Está claro que a Antonio Godoy le quedó enorme la silla de titular de la Comisión Coordinadora del Transporte: no responde al interés gubernamental, menos al de la sociedad, solo al de los líderes del transporte concesionado.
Este martes, la Cocotra ofreció una muestra patética de complicidad con las agrupaciones de transportistas, violando la ley y poniendo en flagrante riesgo a decenas de niños y jovencitos.
La historia es sencilla de resumir: padres de familia de las escuelas secundarias y de primaria ubicadas en los alrededores de la Calzada Juárez, contrataron a particulares para que en sus camionetas, debidamente rotuladas, trasladaran a sus hijos a sus domicilios al salir de clases. Ello, en el legítimo derecho de decidir por la seguridad de sus hijos, al no tener confianza en que se trasladen en las combis o camiones del servicio público.
Pero resulta que a los concesionarios y choferes de estos últimos, les pareció «competencia desleal» de los particulares y decidieron este martes impedir, por la fuerza, con violencia, dicho servicio particular, amedrentando a los conductores y a los niños y jovencitos que ya estaban arriba de las unidades.
Obviamente, la situación aterró no solo a los niños sino a sus padres que los esperaban en casa y comenzaron a enterarse de la situación y del peligro que se cernía a su alrededor. Y no era para menos: los menores comenzaron a hablar con los padres y a enviar fotos y videos, donde se aprecia a supuestos choferes, con un porte francamente sospechoso, abordar las unidades particulares y a base de mentadas de madre y amenazas, obligar a que los conductores abandonaran sus vehículos.
Hasta ahí pudo haberse entendido como una acción unilateral de los transportistas, a la espera de que la autoridad tomara cartas en el asunto y pusiera orden. Pero la Cocotra hizo lo único que saber hacer: respaldó la descabellada medida de los transportistas y hasta envió grúas para que se llevaran al corralón las camionetas particulares.
Es claro que se trata de un abuso de los transportistas, acostumbrados a la impunidad que suele darles el gobierno en turno. No hay ninguna ley que impida a los particulares ofrecer ese servicio por su cuenta. Es normal que los padres de familia prefieran pagar algún recurso extra, antes que arriesgar a sus hijos a que se trasladen en combis y camiones públicos. Cualquiera haríamos lo mismo.
Pero la Cocotra se ha convertido en lacayo de los líderes del transporte. Por alguna razón que no es difícil presumir, esa oficina está al servicio exclusivo de esos líderes, ni siquiera del gobierno del que forma parte, menos de la sociedad usuaria.
Lo de este martes debe llevar al gobernador Ramírez Bedolla a despedir a Godoy. Es mucho el daño que le hace a su gobierno, ya no hablar del que ocasiona a los usuarios y ahora a particulares a los que impide, sin ningún sustento legal, ofrecer un servicio, solo porque es mucho mejor, de mayor calidad y más seguro, que el de las unidades públicas.
Este martes, no solo los conductores de los vehículos particulares, sino muchos niños y jovencitas estuvieron en franco peligro al ser abordadas las unidades por sujetos cuyo porte generó, justificadamente, el terror entre los pequeños. No es justo. El maridaje Godoy-transportistas debe terminar. Ramírez Bedolla debe tomar cartas en el asunto. Veremos. Y mientras, a la pesadilla todavía le faltan 748 días.
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