El nacionalismo es una enfermedad infantil; es el sarampión de la humanidad
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán
No sé si las severas, muy severas acusaciones que hace el periódico Reforma a Gerónimo Color sean fundadas o no, él afirma que son falsas, pero lo que es evidente es que no puede quedar todo en una simple aclaración, como pretende el subsecretario del gobierno estatal.
Reforma pública este domingo en su edición impresa que Color, durante el tiempo que fue delegado de Liconsa en Michoacán, de 2013 a 2017, tejió “una red de complicidades para acaparar contratos millonarios de la paraestatal, con empresas de ex subordinados y familiares”; afirma que posee propiedades que “no es congruente con su salario de servidor público”, y que de hecho hay abierto un proceso ante la Fiscalía General de la República “por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público mientras se desempeñó como delegado de Sedesol en la entidad.
Como puede verse claramente, se trata de una acusación bastante seria; la redacción de la nota periodística no se acoge en absoluto a la protección preventiva de “sería”, “habría”. Da por sentado que son hechos, sin eufemismos ni relatividades.
Color emitió un comunicado este mismo domingo en el que rechaza las acusaciones y asevera que su patrimonio, del que no niega su propiedad, es lícito, producto de su trabajo en el servicio público y en el sector empresarial, y que está incorporado en su declaración oficial; anuncia que le ha pedido “respetuosamente” a Reforma la publicación de su aclaración.
Está claro que ante la gravedad de la acusación, no puede quedar todo en simples aclaraciones y asunto olvidado; en tratándose de temas relacionados con corrupción tan serios, no hay medianías y en este caso en particular no parece haber sino dos salidas:
Si Color es responsable de lo denunciado por Reforma, debe ser cesado de inmediato por el gobernador Silvano Aureoles de su cargo de subsecretario de Organización y Desarrollo Agroalimentario, y la FGR debe materializar la denuncia en su contra; pero si, como dice Color, se trata de infundios, entonces éste está obligado no a exigir una aclaración a Reforma, sino a demandarle judicialmente por el agravio en su contra con la referida nota informativa.
Es así de fácil, si lo que se busca es que este episodio no quede en algo meramente anecdótico o, peor aún, en otra impunidad más, sea cual sea la verdad sobre esta información de Reforma. Veremos.
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