El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismo, no para ser gobernados por los demás
Herbert Spencer (1820-1903) Filósofo inglés
Con la negativa de los comerciantes de la vía pública a retirarse de su actividad temporalmente, o al menos a ser reubicados en las diferentes plazas construidas en el Centro Histórico y que al paso de los años siguen abandonadas, se reaviva la polémica respecto a quién tiene la razón: ellos, al negarse ir a casa a cuidarse del coronavirus, o el ayuntamiento, que les conmina a hacerlo.
Y es que ambas partes esgrimen razones de peso: los ambulantes, que si no trabajan un día, ni ellos ni sus familias comen. Punto, así de fácil. Y el ayuntamiento, que es imprescindible extremar los protocolos sanitarios y el retiro de las calles de esos comerciantes contribuirá significativamente a hacerlo. Punto, también así de fácil.
La diferencia de posiciones, empero, no parece insalvable: si los ambulantes, como se supone, van al día y les urge trabajar para comer, pueden ser incluidos en la lista de beneficiados de un programa especial de ayuda alimentaria que echó a andar el gobierno de Raúl Morón. Así, tendrían garantizada la comida y no podrían argumentar más ese factor para no acatar los protocolos de sanidad impuestos por el gobierno.
En una disyuntiva absolutamente extrema, la autoridad municipal tendría que ir por la preservación de la salud, pero queda claro que debe agotar antes cuanto esfuerzo sea necesario para buscar el mayor bien, no el mal menor, y la propuesta aquí planteada parece la más razonable.
Ciertamente, el ayuntamiento debería formular un listado de beneficiados transparente y, sobre todo, justo, porque así como es evidente que muchos ambulantes efectivamente van al día y si no trabajan, nomás no comen, también lo es que no todos están en esa situación extrema. Por tanto, urgiría una evaluación puntual de quién sí y quién no es merecedor de esas ayudas alimentarias.
Y entonces sí, la autoridad municipal estaría obligada a, si es necesario, emplear el uso de la fuerza para poner orden y garantizar que el riesgo que significa el comercio ambulante para efectos de propagación del coronavirus, esté contenido, lo que le daría legitimidad a una medida radical de ese tipo, porque primero resolvió el tema de urgencia alimentaria de los más pobres, y luego obligó a que todo mundo cumpla protocolos sanitarios. Veremos cómo resuelve el alcalde Morón ese escenario de aparente choque.
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