Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ellas
Joan Baez (1941-?) Cantante y activista norteamericana
Lo poco o mucho que hasta ahora ha podido avanzar el Sistema Estatal Anticorrupción –cada quien lo puede medir en función de diversas aristas y tener por tanto una opinión y una calificación diferente, pero válidas todas-, no ha sido resultado del trabajo y el compromiso del Comité Coordinador, sino a pesar de él. Y si a alguien habría que achacarle algún resultado, es en todo caso al Comité de Participación Ciudadana.
Éste último, el comité, está integrado por cinco miembros, pero sólo uno, el que lo presida, se integra al Comité Coordinador, como presidente también, pero absolutamente maniatado: la toma de decisiones en lo legal, lo político y lo financiero, pasa por el tamiz de dicho comité, integrado por servidores públicos, por tanto comprometidos con preservar los intereses, las canonjías y el estado de cosas del poder público, es decir, con su opacidad, corrupción y discrecionalidad históricos.
La integración del grupo lo explica todo: el auditor Superior de Michoacán, el Contralor General del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Fiscal Anticorrupción, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, además de tres contralores municipales, siempre alineados a lo que el contralor estatal dicte.
A lo largo de los tres primeros años, el Comité Coordinador se ha encargado de obstaculizar todo lo que a transparencia, rendición de cuentas y castigo a actividades de corrupción se refiera. Tampoco debe sorprender ello: la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, como buen símil del nacional, estuvo hecha para que la lucha contra la corrupción fuera sólo de membrete, de discurso y sólo de buenas intenciones de los ciudadanos integrados como mirones de palo, porque para contener cualquier intento de transparencia y de castigo a la corrupción, están los representantes del poder público ya descritos. Y vaya que han cumplido su papel a satisfacción.
Cuantos intentos han hecho los ciudadanos agrupados en el CPC por destapar cloacas –el Teatro Matamoros y la presa J. Múgica, por citar algunos casos-, los mismos que se han topado con pared en el Comité Coordinador, absolutamente comprometido con la impunidad y que no se castigue nada que huela a desvío de dinero público. Por eso, nada ha caminado hasta ahora. Todo intento por rastrear desvíos se vota en contra en el Comité.
Y en el terreno presupuestario, se da el mismo fenómeno: la Secretaría Ejecutiva recibe en estos días portazo tras portazo del Comité Coordinador en su búsqueda de recursos presupuestarios para el 2021, que le permitan al Sistema cumplir sus encomiendas básicas. Este año, el SEA maneja un presupuesto de 20 millones de pesos, de los cuales sólo recibirá 15 por la Secretaría de Finanzas estatal, y para el 2021 estimó 23, mismos que el contralor Francisco Huergo, y el auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, se han encargado de sepultar, que claramente buscan tener acotado al CPC y entretenido sólo a realizar análisis de escritorio sobre el fenómeno de la corrupción, pero impedido para confrontarlo con medidas concretas.
El Comité Coordinador es, pues, el gran lastre del Sistema Estatal Anticorrupción. Un Sistema hecho, en teoría, para combatir la corrupción, en los hechos, para alentarla y protegerla. Triste paradoja.
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