El pueblo pasa hambre porque sus líderes consumen en exceso lo que recaudan
Lao Tse. Filósofo chino que vivió aproximadamente en el siglo Vl a. C.
Que el gobierno del estado, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte, vaya a realizar una revisión integral de la base de concesiones del transporte público que opera en Michoacán, es saludable y necesario. Que el procedimiento vaya a obligar a una erogación de dinero para los concesionarios, ya no es tan pertinente.
El gobernador Ramírez Bedolla anunció este miércoles un programa de revisión de las concesiones a nivel estatal. Absolutamente indispensable que así sea. Hay, en efecto, una gran cantidad de ellas que no se encuentran regularizadas o actualizadas y que obligan a que sean corregidas. Las hay también apócrifas, que han sido vendidas –lo cual es ilegal- u obtenidas por vías de corrupción, o bien que autorizan para operar en determinado municipio y lo hacen en otro. Hay un sinfín de irregularidades que deben ser corregidas.
Lo que no parece justificado, es que la Cocotra vaya a cobrar 3,400 pesos por cada concesión verificada, dado que entonces el programa parece revestir más una finalidad recaudatoria que orientada a regularizarlas, y eso hace que se tergiverse.
La Cocotra debiera enfocar sus baterías en garantizar que haya un padrón de concesionarios y de conductores de las unidades absolutamente actualizado, lo mismo que asegurar su buen estado, y no solo en el servicio concesionado, sino también en las unidades que operan a través de plataformas por internet.
Es decir, el gobierno debe asegurarse de que, ante todo, el usuario utilice un servicio confiable en todos sentidos. La prioridad es el usuario, antes que el transportista.
En ese sentido, una revisión de la base de concesiones no debe originar ninguna erogación para los particulares, dado que la Cocotra tiene el personal capacitado para realizar tal tarea. En realidad, no hay ninguna justificación para ese cobro, porque da pie para suponer que la finalidad no es la verificación en sí ni la búsqueda de condiciones de seguridad para los usuarios, sino meramente la recaudación de dinero.
Mal por quien se lo haya propuesto al gobernador. Éste debe poner orden: sí a la verificación de todas las concesiones, pero de forma gratuita. Veremos si se rectifica en ese sentido. Y a la pesadilla ya sólo le quedan 628 días.
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