Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado
Voltaire (1694-1778) Filósofo francés
El aislamiento o confinación forzada puede estar en el filo de la navaja en cuanto a su legalidad o no, desde la lógica de si un gobernador tiene facultades jurídicas para ordenar su aplicación en su territorio, pero de que es imprescindible, sin duda lo es.
Queda claro que el decreto firmado por Silvano Aureoles y publicado de inmediato en el Periódico Oficial, que contempla sanciones para quienes no acaten el confinamiento obligado, encuentra su justificación en la negativa de una parte importante de la población, quizá no la mayoría, pero sí significativa, a quedarse en casa durante la cuarentena dispuesta por el Gobierno para tratar de contener la propagación del Covid-19.
Pero que se justifique en los hechos, no significa que la medida adoptada por Aureoles no presente dos lados de posible debilidad: por una parte, la inminente proliferación de controversias constitucionales en contra, y la duda respecto de la eficacia y capacidad de los cuerpos policiacos para hacer valer la disposición.
Me parece que Aureoles está consciente que habrá un número importante de recursos jurídicos ante el Poder Judicial Federal, pero que no pesarán mayormente porque tramitarlos debe ser una acción individual y sólo unos pocos abogados estarán en condiciones de hacerlo.
Debiera preocuparle más la eficacia de la disposición, desde el punto de vista de cómo garantizar su cumplimiento; es claro que no hay los suficientes elementos policiacos y militares para hacer valer la restricción a andar sin justificación en la vía pública, pero más importante aún, ni Aureoles ni nadie puede asegurar que la actuación de los policías no se desvirtúe por su falta de preparación, de criterio y de sentido común y, peor aún, por su falta de probidad, esto es, por su corrupción.
Aureoles sabe que no hay policías ni en cantidad ni en calidad para garantizar el cumplimento de su decreto, pero también tiene claro que eso es mejor a la inacción, que lo que logre presionarse a la ciudadanía a quedarse en casa, servirá, bajo la lógica de que cualquier medida es mejor a nada.
En lo personal estoy de acuerdo con el decreto, dada la realidad que hoy enfrentamos. Es de esperarse que Aureoles ordene una supervisión de la forma de actuar de los policías que evaluarán a los ciudadanos en la vía pública para reducir riesgos de corrupción. Por lo demás, espero que dé resultado. La gravedad de la pandemia no es para menos.
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