Donde hay poder, codicia y dinero, hay corrupción
Ken Poirot (Escritor norteamericano)
A contracorriente de las políticas públicas modernas, que impulsan la autonomía de los órganos fiscalizadores del recurso público, el Congreso del Estado se apresta a ir en retroceso: en la iniciativa de presupuesto de egresos del 2023, los diputados proyectan retirar la autonomía presupuestaria de la Auditoría Superior de Michoacán.
En particular, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que son al mismo tiempo los líderes de las bancadas legislativas, han decidido, sin consultar al resto de los diputados, pulverizar la autonomía de la ASM, a través de no considerarla como Unidad Programática Presupuestal para 2023.
Históricamente, esa oficina dependió directamente de la Cámara de Diputados, lo que le restó independencia para formular sus trabajos de auditoría al Gobierno, al Poder Judicial, a los ayuntamientos, a los organismos autónomos y al propio Congreso. Si la ASM proyectaba auditar las finanzas de determinado ayuntamiento, por ejemplo, debía solicitar los recursos para ello al Congreso, y éste, si consideraba «riesgoso» dicho ejercicio porque el alcalde tuviera buenos nexos políticos con algún diputado, simplemente le negaba el dinero requerido y no se llevaba a cabo la pretendida auditoría. Así de fácil.
Apenas hace unos pocos años, se modificó para bien el estatus de la ASM, otorgándosele la autonomía presupuestaria, que significa autonomía política. Es claro que a los actuales líderes legislativos ya no les gustó esa independencia, dado que han dejado de tener control político, y el arma fiscal que ello significa, sobre los demás actores del poder público, alcaldes, magistrados, titulares de organismos autónomos y el gabinete estatal mismo.
Pero no todos los diputados están en esa lógica retrógrada: los integrantes de la Comisión Inspectora han mostrado su desacuerdo, no solo porque no fueron tomados en cuenta para desaparecer a la ASM como Unidad Programática Presupuestal, sino porque parecen tener mayor grado de conciencia respecto de la importancia de que prevalezca la autonomía del organismo.
La Junta de Coordinación Política va en la ruta del presidente López Obrador: dar marcha atrás a lo poco avanzado en materia de autonomía e independencia de los organismos encargados de las fiscalización de los recursos públicos. Una pésima señal están enviando a la opinión pública. Es deseable que el pleno de diputados dé la espalda a sus líderes en este intento monopolizador de la Junta. Veremos. Y mientras, a la pesadilla todavía le faltan 685 días.
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