La política es como patinar sobre ruedas: se va en parte a donde se desea, y en parte a donde le llevan a uno los malditos patines
Anónimo
El Tribunal Electoral de Michoacán organizó este lunes una sesión especial para entregarle a Alfredo Ramírez Bedolla la Constancia de Legalidad Validez que lo acredita, ahora sí, como gobernador electo. Prácticamente de manera simultánea a ese evento, la alianza de PRI, PAN y PRD presentaba ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso para declarar ilegal dicha sesión y, por ende, la referida constancia.
Uno y otro bando se tildan de promover ilegalidades con sus respectivas acciones de este lunes. Morena y Ramírez Bedolla argumentan, lo mismo que el TEEM, que a nivel estatal ya se agotaron todas las instancias jurídicas que eventualmente podrían revertir el resultado de las elecciones, y por tanto debe cumplirse con la Constitución, que obliga al tribunal a entregar la señalada constancia al ganador. Y tienen razón Morena y el TEEM.
Por su parte, la alianza opositora multipartidista esgrime que la Constitución local establece en su artículo 98 que el pleno del tribunal declarará la legalidad y validez de la elección de gobernador, una vez resueltos, en su caso, los medios de impugnación que se hubieren interpuesto en contra de la misma. E igualmente tiene razón la alianza.
La aparente contradicción tiene una forma de explicarse: para no variar, la ley, aun la misma Constitución, es ambigua, contiene lagunas, me parece intencionales, que dan pie a más de una interpretación en un mismo artículo. Claramente, es el caso.
La Constitución, como vimos, establece que el TEEM entregará la citada constancia una vez resueltos los medios de impugnación que se hubieran presentado, pero no aclara si se refiere a recursos interpuestos a nivel local o federal. Para Morena y el TEEM, que sin duda corren por la misma vía de identificación “bedollista”, la carta magna se refiere a medios de impugnación locales, los que le toca resolver a dicho tribunal, no a los federales, en los que no tiene injerencia. Visto así, el tribunal estatal sí estaba obligado a entregar ya la constancia a Ramírez Bedolla. Y en la lógica priísta, panista y perredista, el término “medios de impugnación” se refiere a cualquiera, sea local o nacional. Y visto así, a esos partidos también les asiste la razón para inconformarse, debido a que aún el Trife no resuelve sus recursos para anular la elección.
Como siempre en estos casos, cada parte le da la interpretación que más conviene, y eso no debe espantar a nadie. Ni modo que se les exigiera no aprovechar las lagunas legales y explotarlas en su favor. En todo caso, habría que demandar que en su momento los diputados locales corrijan esa ausencia de claridad en la Constitución.
Como se ve, pues, y aunque parezca contradictorio, a los dos bandos les asiste una arista de razón y hacen bien en llevarla al extremo. La problemática postelectoral no se ha salido del cauce legal y eso es plausible. Solo resta esperar el dictamen final del Trife que, ese sí, será definitivo. Que nadie coma ansias. Este lunes, Morena, con su aliado el TEEM, hicieron lo que tenían que hacer. PRI, PAN y PRD, también. Así de fácil.
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