El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación
Otto Von Bismarck (1815-1898) Político alemán
En medio de la pandemia, una duda asalta a los mexicanos: ¿el número oficial de personas contagiadas es real, o producto de un sub registro?
La interrogante es absolutamente válida, cuanto trascendente. Válida, porque si algo ha caracterizado a los gobiernos en este país, de todos los niveles y en todos los momentos, es el ocultamiento de cifras cuando las reales no conviene, por cualquier razón, dar a conocer. No tendría por qué ser hoy diferente. Y ni hablar de la trascendencia de tener la certeza de si son auténticos o no los números que oficialmente maneja el sector salud nacional.
De acuerdo con especialistas, la estadística de 1,378 casos confirmados de Covid-19, 3,827 sospechosos y 37 fallecidos, según el reporte del miércoles por la noche, es altamente probable que sean valedera, pero no total.
La aparente contradicción puede explicarse por la negativa del gobierno a aplicar masivamente pruebas médicas entre la población. Es decir, los números reportados son reales, pero quizá inexactos; desde luego constituyen a mexicanos que presentan el contagio, pero sólo representan a la población a la que el sector salud le ha practicado la prueba médica.
El problema es justo que al no haber pruebas masivas, es imposible saber cuántos mexicanos más hay contagiados y que muy probablemente no se dan cuenta, al ser asintomáticos, que se restablecerán solos, gracias a su eficiente sistema inmunológico, pero que sí son altamente propagadores del virus.
¿Y por qué el gobierno se resiste a practicar pruebas de manera masiva? Sólo él lo sabe, pero desde luego una posibilidad es que es la única forma de mantener bajas las estadísticas, irreales, pero bajas, lo que cumple dos objetivos: hacer aparecer al gobierno como “eficiente” en la lucha contra la pandemia, con los bonos políticos y en su momento electorales que ello generará, y no agudizar el estrés entre la sociedad, aunque esto último puede resultar contraproducente, dado que muchos sectores sociales consideran que al no ser “tan grave” el problema sanitario en México, no hay necesidad de extremar medidas preventivas.
De hecho, hay gobernadores, como el jalisciense Enrique Alfaro, pero también los de Sonora y Quintana Roo, entre otros, que han intentado comprar directamente reactivos para masificar las pruebas de laboratorio en sus respectivos estados, pero se han encontrado que en México sólo hay un proveedor, es decir, hay un monopolio que vende el producto hasta diez veces más caro que los laboratorios norteamericanos, pero que además tiene una capacidad de producción muy limitada. Y al buscar comprar en el extranjeros, esos gobernadores se toparon con otro problema: las dos únicas oficinas gubernamentales facultadas para autorizar importaciones, son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, y ambas se niegan a dar ese permiso. Ni compran, ni dejan que los estados compren.
Ello no hace sino fortalecer la tesis de que si los números oficiales ubican a México entre los países con menor incidencia de casos, es porque esos números no corresponden a la realidad. Sí son una verdad oficial, pero alejada, acaso peligrosamente alejada de la realidad. ¿Y quién se sorprendería si fuese así? ¡Esto es México, señores!
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