Cuando todos piensan igual, es que ninguno está pensando
Walter Lippmann (1899-1974) Periodista norteamericano
El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, ha presentado una iniciativa para incorporar en la legislación michoacana la obligatoriedad de que los servidores públicos se practiquen exámenes toxicológicos y de salud mental cada seis meses.
Hace mucho debió haberse legislado al respecto, pero más vale tarde que nunca. Seguramente habrá voces en contra de dicha iniciativa, pero es de esperarse que la actual legislatura actúe con sensatez y le dé trámite en su aprobación.
Habrá quienes apelen que obligar a los servidores públicos a practicarse con regularidad ese tipo de exámenes, viola sus derechos humanos y de alguna manera su privacidad. En lo primero no estoy de acuerdo, en lo segundo puede ser, pero claramente es más relevante la garantía de contar con servidores públicos que no son adictos a la droga y que están en un parámetro razonable de estabilidad mental.
Más aún, me parece que debiera añadirse la obligación de que también se sometan a exámenes de salud física.
Ya ha habido un gobernador que asumió el cargo a sabiendas de que su estado de salud se encontraba sumamente deteriorado, como también un procurador en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Siendo desde luego respetable y lamentable esa situación desde el punto de vista personal, el problema es que alguien afectado con alguna enfermedad grave es evidente que no se desempeñará cabalmente en su función.
Y ni hablar de la importancia de la salud mental o emocional: es desde luego clave para saber a quién se le entrega el poder. Dudas sobre esa normalidad ha habido muchas a lo largo de la historia. Hoy mismo las hay sobre la estabilidad emocional del presidente López Obrador. Nadie con problemas de paranoia, esquizofrenia, mitomanía, ni hablar de cleptomanía, entre otros más, debiera acceder a cargos públicos, sobre todo de alto nivel de responsabilidad. El riesgo es que sin exámenes es imposible corroborarlo, por más que se tengan indicios.
A fin de cuentas, el peligro es que gente adicta a sustancias tóxicas, o enferma mental o físicamente, tome decisiones que afectan al colectivo; ahí radica el riesgo de que no existan ese tipo de exámenes como los que propone Gaona. Es de esperarse, pues, que la iniciativa fluya sin contratiempos en el Congreso local. No imagino qué argumentos pueda esgrimir alguno de sus integrantes para no respaldarla. Veremos.
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