No se mide el éxito de un hombre por lo alto que llega, sino por lo alto que rebota cuando toca fondo
George S. Patton (1885-1945) Militar norteamericano
De ser ciertos los datos que difundió este miércoles el gobernador Ramírez Bedolla, respecto del número de policías estatales asignados durante la administración anterior a funciones de escoltas de servidores públicos, debe reconocerse que se trata, en efecto, de un abuso que obligadamente debe corregirse.
Da a conocer que durante el gobierno anterior 424 policías realizaron tareas de seguridad personal tanto para el gobernador Silvano Aureoles y su familia, como para alcaldes, diputados y hasta civiles ajenos al servicio público, supongo que empresarios.
El problema es que no hay reglamentación ni ley alguna que regule el uso de policías como “guaruras” de funcionarios públicos, lo que da lugar al manejo discrecional de ellos, a que se despachen con la cuchara grande quienes pueden disponer de ellos. Pero al margen de ello, es evidente que desviar el recurso humano de la Policía en un número tan elevado, es una grosería, un absoluto abuso. Solo un dato ofensivo: el director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública Policial, tenía como escoltas a ¡32 policías!
Ramírez Bedolla hace bien en poner el tema sobre la mesa, pero no puede quedar solo ahí, y mucho menos caer en el mismo abuso del gobierno anterior. Es obligado que promueva una ley que regule los criterios para ese servicio.
De entrada, deberá definirse quiénes pueden contar con ese apoyo con cargo a la Secretaría de Seguridad. Me parece que solo el gobernador y el titular de dicha dependencia, y en un número razonable, serían quienes justifican el uso de escoltas. Por supuesto ni alcaldes ni diputados, menos personas ajenas al gobierno, deben contar con esa prebenda.
Es que la función que desarrollan los mandos policiacos, los jueces, los alcaldes, los diputados, pone en riesgo su vida, justifican algunos. Y sí, la vida de todos ellos está en riesgo un día sí y otro también. Pero es el mismo riesgo que corren a diario los taxistas, los comerciantes, los empresarios, los profesionistas, los periodistas, los estudiantes. Y el servidor público que no quiera correr riesgos en su tarea, pues que renuncie y asunto arreglado.
Lo peor que podría hacer ahora Ramírez Bedolla es caer justo en el mismo abuso que su antecesor, pero además, ya que puso el tema en la palestra, debe regularlo, porque los policías no están para hacerla de “guaruras” de políticos, sino para patrullar las calles e inhibir a la delincuencia. Veremos si el gobernador actúa en consecuencia.
twitter@jaimelopezmtz
