La primera obligación de un gobierno es hacer justicia legal y empeñarse en proteger con la justicia moral:
Francisco Bulnes (1847-1924) Escritor y político mexicano
Claudia Sheinbaum ha firmado un decreto para garantizar que mes con mes el gobierno federal suba a sus plataformas toda la información relacionada con licitaciones, adjudicaciones, contratación de servicios y, en general, la que sea de interés público.
Ello, para garantizar el acceso a la información para la ciudadanía, según dijo.
Primero, la medida es un reconocimiento del yerro de la 4T, al desaparecer al INAI, organismo autónomo que en general cumplió con la encomienda de abrir los baúles de la burocracia y ampliar las posibilidades de que la opinión pública tuviera acceso a información oficial relevante.
Y para tratar de resarcir ese error, Sheinbaum decide apostar por un decreto que ofrece abrir las puertas de la información oficial.
Hasta ahí, todo bien. Pero en las letras chiquitas está el quid del asunto: el gobierno se abrirá, sí, a la información, pero no a toda, sino a la que él decida que no pondrá en riesgo “la seguridad nacional”, porque si la etiqueta así, entonces seguirá reservada.
EL problema entonces es, como siempre sucede con los gobiernos totalitarios, que ellos deciden qué información es viable de ser socializada y cual debe encerrarse a piedra y lodo. El gobierno será, pues, juez y parte. De ahí que el anuncio de Sheinbam deba ser incluido sólo en el catálogo de ocurrencias. La solución a la opacidad gubernamental no es un decreto tramposo, sino un compromiso real de apertura. Y eso es lo último que haría la presidenta científica. X@jaimelopezmtz
