La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy
Mahatma Gandhi (1869-1948) Pacifista hindú
Si se levantara una encuesta para sondear la opinión ciudadana tras el operativo policiaco para liberar la Secretaria de Educación, tomada por normalistas desde hace veinte días, no hay duda de que el gobierno tendría un amplísimo respaldo.
Alfredo Ramírez Bedolla, a contrapelo de la política cuatroteísta, pese a pertenecer a ella, afortunadamente ha entendido que, al menos en determinados momentos y escenarios, es preciso aplicar la ley y hacer valer el estado de derecho. No es común entre gobernantes pro AMLO que así sea, pero debe resaltarse que en el caso del michoacano, comienza a actuar como lo que es, un gobernador, no un matraquero ideológico, como muchos de sus pares. Enhorabuena por ello.
Doce, sí, doce normalistas tenían en su poder el edificio central de la SEE . Este miércoles por la noche, policías estatales los desalojaron sin violencia de por medio. Doce impedían el funcionamiento de una dependencia en la que se atienden asuntos administrativos de sesenta mil empleados. Así de descabellado lo que vivimos.
Al margen de la motivación de la toma, ésta no puede seguir siendo el signo de nuestros tiempos: el chantaje y el amedrentamiento ante la tibieza gubernamental. Cierto, no es fácil para un gobernador liberar con la fuerza policiaca carreteras, vías del tren y edificios públicos, y tratar de garantizar una gobernabilidad medianamente razonable, porque las reacciones le pueden poner en auténtico jaque.
Pero cada vez que el gobierno actúa como está obligado, como la noche de este miércoles, fortalece el régimen institucional y el estado de derecho. La cosa está en entenderlo. Y sin duda, medidas de ese tipo tienen un amplísimo respaldo ciudadano, más allá de que el propio gobierno no sepa potencializarlo. Es de esperarse, como sea, que Ramirez Bedolla no quite el pie del acelerador. Las presiones pueden arreciar, pero mal haría en recular, ahora que empieza a marcar una línea política de apego a la ley, por encima de chantajes sindicales y estudiantiles. Veremos. Y mientras, a la pesadilla todavía le quedan 697 días.
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