No es cierto que todos los políticos son corruptos; solo lo son el 90 por ciento de ellos
Henry Kissinger (1923-?) Político norteamericano
La decisión del gobernador Ramírez Bedolla, de echar a andar una campaña de despistolización en la entidad es lo que le sigue de urgente, pero también se ubica en el ligerísimo lindero entre lo legal y lo justo.
De que es necesario que el Estado desarme a los cientos de miles –no exagero- de michoacanos que andan armados por las calles y las carreteras, no hay duda. Hoy, la permisividad histórica del gobierno, su corrupción y su incapacidad para frenar la ola delictiva, ha derivado en que buena parte de los civiles, quizá la mayoría, circulen con armas al alcance.
En ese sentido, es una obligación del gobierno, en todos sus niveles, impedir ese armamentismo ciudadano. Solo que hay un problema: si el poder público pretende, ahora sí, cumplir su obligación de un desarme generalizado, paralelamente debe cumplir su otra gran obligación, más importante aún: garantizar seguridad para los gobernados. Sólo así tendrá legitimidad para desarmar a éstos.
Pero además, el gobierno debe asegurarse que dicha campaña sea generalizada, es decir, que el desarme incluya lo mismo a civiles en lo individual que a los poderosos cárteles del crimen organizado, considerando en éstos a los grupos de las llamadas autodefensas.
De otra forma, hay que decirlo, se corre el riesgo de que el gobierno retire las armas al eslabón más débil, a los ciudadanos que no delinquen, ni en lo individual ni como parte de un grupo criminal, pero que portan armas en estricta defensa, y no lo haga con los verdaderos delincuentes.
Si no es integral el desarme, entonces éste podría incluso ser contraproducente: facilitaría el “trabajo” a los criminales, dado que las víctimas ya ni siquiera tendrán cómo defenderse. Si el gobierno del estado es capaz de realizar esa tarea así, de manera generalizada, sin excepción, no quedará sino aplaudirle. La duda radica en si podrá incluir en el desarme a los grupos delincuenciales. Por ahora, parece claro que no, pero habrá que esperar resultados.
Por eso decía que la campaña linda entre lo legal y lo justo. Es legal, sin duda, pero ¿es justa? Si es una acción integral, lo será. Si solo va contra las potenciales víctimas de la criminalidad, será injusta, porque les quitará la posibilidad de velar por su propia seguridad, obligación que claramente el Estado no cumple.
Menudo reto el de Ramírez Bedolla. Es de esperarse desde luego que tenga éxito. Solo el tiempo lo dirá.
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