Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria
Mahatma Gandhi (1869-1948) Pensador hindú
El lamentable asesinato del padre de la diputada Rosa María de la Torre no tuvo, en efecto, qué ver con cuestiones de orden del crimen organizado, pero sí con un problema igual de grave: la “pistolización” –si es que cabe el término- que se ha desatado en los últimos años en todo Michoacán y que hoy parece un fenómeno absolutamente fuera de control.
No fue una ejecución en el sentido de un acto planeado, sino que el padre de la legisladora aparentemente discutió con unos sujetos por un problema de espacio para estacionarse en la vía pública, y éstos respondieron de la forma ya rutinaria como se responde a la menor provocación en nuestro entorno: a balazos.
Y ello, amén de explicarse como parte de la descomposición social que hoy desgarra a nuestro medio, donde no hay respeto a nada, incluyendo a la vida de los demás, debe verse también a la luz del fenómeno que tiene que ver con que todo mundo anda hoy armado en la vía pública.
Delincuentes “profesionales” o no, transeúntes y automovilistas portan armas con absoluta impunidad y facilidad, y las usan a la menor provocación, porque hoy prevalece una cultura de desprecio a la vida humana y de “orgullo”, estúpido, pero orgullo, por portar armas de fuego, ya sin recato.
Y en mucho ese es el problema: la impunidad en que se desata el fenómeno. Por eso, además de extremar medidas de precaución por parte de los pocos que no andamos armados, lo que es imprescindible y urgente es una campaña indefinida, no temporal, extrema, radical, de revisión generalizada de la gente en la vía pública, sean transeúntes o automovilistas.
Es imposible la convivencia en las condiciones actuales en Michoacán, como en buena parte del país. Y al margen de las sandeces de muchos puristas de “la ley” y de los derechos humanos, el gobierno está obligado a ir contra los empistolados donde los encuentre, porque su principal compromiso es generar condiciones mínimas de seguridad para sus gobernados. Si el asesinato del padre de una diputada no presiona al gobierno a desarrollar una política de seguridad de ese nivel, no veo entonces qué lo desate.
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