La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos
Louis Dumur (1863-1933) Escritor suizo
Es de esperarse que el amago que desliza el gobernador Aureoles, respecto a que no descarta contratar deuda bancaria con tal de garantizar el pago al magisterio, sea sólo parte de su estrategia mediática para presionar al gobierno federal a fin de que acelere los trámites de la federalización educativa que demanda Michoacán.
Este lunes, en su conferencia de prensa de los lunes, Aureoles no descartó la posibilidad de gestionar más deuda bancaria con esa finalidad, si bien advirtió que no es una prioridad ni decisión tomada en este momento, sino sólo una mera posibilidad, dado que insistió que sigue confiando en la federalización de la nómina educativa.
Insisto, me parece que Aureoles “blofea” con esa posibilidad, primero porque sabe que su gobierno no resiste más endeudamiento, hace mucho que pasó del límite de lo permisible, y segundo porque aunque no estuviera en esa condición, un crédito de largo plazo no puede emplearse en gasto corriente, sino sólo en inversiones productivas. Huelga aclarar que el pago al magisterio en absoluto es inversión productiva, es más bien dinero tirado a la basura.
Aureoles saca a relucir su colmillo político con ese amago. Igual y pega. Es claro que ya entendió que el compromiso del presidente López Obrador, de aceptar la federalización educativa michoacana, fue sólo de dientes para afuera, y que si en algún momento la va a implementar, será cuando él lo decida y en los términos que más convenga a su proyecto político. Y ello, doble contra sencillo, no será antes de 2021.
Pero ante el recular en los hechos de López Obrador, más allá de que se haya comprometido públicamente a aceptar la educación michoacana, el Plan B de Aureoles tampoco puede ser recurrir a más crédito bancario, porque eso sería tapar un hoy destapando dos o tres y aún más grandes.
El Plan B tampoco puede ser recortar más todavía a los demás sectores y rubros gubernamentales, de por sí cerca ya del abandono. El único Plan B razonable es ajustar el gasto pero del propio sector educativo: eliminar a los cientos de aviadores de la Secretaría de Educación, lo mismo que todas las comisiones sindicales y a las miles de claves irregulares; reducir a su mínima expresión gastos suntuosos en la dependencia; cancelar toda clase de bonos y prestaciones; cerrar las escuelas Normales o, si ésta es una decisión federal, ya no pagar su mantenimiento ni las becas a los terroristas, disfrazados de estudiantes, que ahí se forman; reducir drásticamente el número de plazas de confianza en la SEE (está comprobado que la mayor parte de ellas son inútiles e injustificadas), y un enorme etcétera.
Ese sí sería un Plan B que tendría el respaldo de la opinión pública y que ubicaría a Aureoles como el verdadero salvador de las finanzas michoacanas, hoy secuestradas por el magisterio. Veremos.
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