No ha países subdesarrollados, sino mal gestionados
Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) Filósofo austriaco
Si bien la contratación de un crédito por 4 mil 90 millones de pesos parece justificada dada las actuales condiciones económicas de la entidad, el gobierno del estado está ahora doblemente obligado a transparentar casi que con lujo de detalle los términos del empréstito y su aplicación.
Por lo que hace a la contratación de deuda bancaria, autorizada por el Congreso del Estado al Ejecutivo, es entendible que genere recelo: el endeudamiento gubernamental en Michoacán ha ido de la mano de la opacidad y, en no pocos casos, de la corrupción. De hecho, el quebranto financiero de la entidad tiene como eje el brutal endeudamiento al que sometieron al gobierno Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
No está de más el recordatorio: Víctor Tinoco Rubí entregó su gobierno a Cárdenas con una deuda de 154 millones de pesos, y éste último la llevó a la friolera de ¡7 mil millones! Luego, su sucesor Leonel Godoy no quiso ser menos y la elevó a ¡16 mil millones! Y lo peor, que a cambio de nada, porque ninguna obra pública de relevancia se hizo como para medio justificar ese criminal endeudamiento, todo fue destinado a gasto corriente, aunque ello era ilegal, y no poca cantidad a bolsillos y cuentas personales.
La aprobación de esos 16 mil millones de deuda bancaria por parte de los diputados, siempre estuvo ligada a escándalos y señalamientos, muchos de ellos probados, de compra de votos por el gobierno a los legisladores. Por eso, siempre que se habla de nueva deuda, es normal que resurja el recelo.
Pero la objetividad obliga a alertar que en el caso de los 4 mil 90 millones autorizados al gobierno de Silvano Aureoles, el contexto parece diferente: primero, ahora hay una ley federal que obliga a que no solo los diputados locales den su autorización, sino también Hacienda; segundo, que el estado comprobó estar en el rango de permisibilidad y factibilidad técnica para contratar ese monto de deuda, por su capacidad de endeudamiento y, obvio, de pago, sin poner en riesgo su estabilidad, y tercero, la Federación ha decretado una seria restricción presupuestaria para todos los gobiernos estatales, sobre todo los que tienen mandatarios que no forman parte de la 4T, que en el caso michoacano se ubica en 600 millones de pesos sólo para iniciar el año, pero que bien podría aumentar con el paso de los meses, lo que obliga a demandar créditos para no caer en inmovilidad a los gobiernos locales.
Por todo ello, hay una clara dosis de explicación para dicho crédito, pero por los antecedentes, también resulta una obligación para Aureoles y su gobierno, detallar las condiciones y términos en que lo contrate y, luego, la manera en que lo va a aplicar, justo para reducir el nivel de dudas que genera el hecho, explicables, repito, a la luz de la negra historia de los endeudamientos en Michoacán, con Cárdenas y Godoy como estandartes de la opacidad y corrupción. Veremos.
twitter@jaimelopezmtz jaimelopezmartinez@hotmail.com
