Los pequeños ladrones, desde la cárcel, ven pasar a los grandes ladrones en carroza
Proverbio francés
Algo no cuadra en la detención del sujeto que supuestamente efectuó los disparos, desde una motocicleta, en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.
Como se sabe, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán detuvo la semana pasada en Tangancícuaro a Héctor Eduardo Martínez, mismo que fue presentado con bombo y platillo por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, como autor de los disparos contra el comunicador. Se habló de que fue resultado de la coordinación eficaz entre autoridades policiacas y ministeriales de la capital de la República y de Michoacán. Hasta ahí, todo bien.
Todo bien, de no ser porque el fiscal michoacano Adrián López Solís, aclaró a este reportero el mismo día de la detención, que ésta se dio por parte de los ministeriales michoacanos en acatamiento a la solicitud de colaboración que le envió la fiscalía capitalina en contra de Martínez, quien se encontraba acusado de otro delito, no de atentar contra Gómez Leyva.
Es decir, la colaboración demandada por la Fiscalía de la Ciudad de México a la michoacana, era para detenerlo por otro delito, pero a quien, al ser investigado una vez detenido, se le «descubrió» que estaba relacionado con el atentado contra el comunicador. Ahí es donde ya surgen las dudas: si fue detenido por tener orden de aprehensión por otro delito, parece demasiada casualidad o buena suerte del gobierno y Fiscalía de la capital del país, que fuera justo el hombre buscado como quien disparó contra Ciro.
¿Seguro no estamos ante un delincuente fabricado, alguien que sí tenía una orden de aprehensión pero que ya en poder del gobierno de Sheimbaum qué más daba si de una vez le endilgaban ser el disparador en contra del periodista? Ello demostraría la «eficiencia» gubernamental de la corcholata preferida de Palacio, tan necesitada de logros luego de su abrupta caída en la carrera presidencial por el nuevo accidente letal en el Metro.
No sería la primera ocasión que así se fabricara un delincuente ante un hecho de alto impacto mediático. Por lo menos, la posibilidad está abierta en ambos sentidos. Lo sano sería que estuviéramos hablando de una investigación policiaca absolutamente pulcra y eficaz, pero…
En 2008, tras los granadazos en la Plaza Ocampo, tres hombres fueron acusados por la entonces PGR y por el gobierno de Michoacán de ser los autores, pese a las múltiples y sólidas pruebas que presentaron de que a la hora del atentado se encontraban a cientos de kilómetros de Morelia. Al paso de unos pocos años, en los que estuvieron encarcelados, y ya cuando el escándalo mediático había menguado, tuvieron que ser exhonerados y puestos en libertad por un juez.
¿Ante qué estamos ahora? En la 4T, como en aquellos tiempos, todo, todo es posible. Y a la pesadilla ya solo le faltan 624 días.
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